Haber declarado abiertamente que el país se encuentra en guerra, utilizando a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en operaciones conjuntas diarias y movilizándolas constantemente en el territorio ecuatoriano con resultados no muy satisfactorios en dieciocho meses, provoca que las fuerzas del orden entren en un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico, insomnio, depresión, ansiedad e insatisfacción laboral, lo que expertos en salud mental pueden considerarlo como burnout o desgaste profesional.
La movilización de los agentes de las fuerzas del orden requiere de enfoques estratégicos claros, definidos con conocimiento puntual de inteligencia y contrainteligencia, que permitan anticipar las acciones del enemigo, denominados como grupos de delincuencia organizada o GDO.
A poner fin a canales de financiamiento de GDO
Constitucionalmente es deber del Estado ecuatoriano garantizar la seguridad humana o ciudadana a través de políticas públicas y acciones integradas, adoptando tácticas de prevención y represión de la criminalidad. Las autoridades deben considerar que reformar el Código Orgánico Integral Penal incrementando aún más las penas de prisión es conducir innegablemente al país al populismo penal, degradando el derecho penal, demagógicamente generando una falsa sensación de seguridad en la sociedad, mediante la utilización del poder punitivo (ius puniendi o derecho a castigar), placebos que no solucionan la desinstitucionalización del Estado.
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Debemos recordar la frase de Sun Tzu, general, estratega militar y filósofo de la antigua China, quien dijo: “Quien sabe resolver las dificultades las resuelve antes de que surjan, sometiendo al enemigo sin luchar”. (O)
Carlos Eduardo Bustamante Salvador, abogado criminalista y mediador, Quito
