La seguridad social es un derecho irrenunciable y un deber y responsabilidad primordial del Estado, como se indica en el artículo 34 de la Constitución. Es decir, literalmente, como señala la Real Academia de la Lengua, que ‘tiene el primer lugar en importancia, y se antepone y prefiere a otras’.

El Gobierno ya violenta la Constitución al no cancelar los haberes adeudados al IESS, y ahora pretende renunciar a su deber, al querer eliminar los intereses del 40 % del aporte estatal para el fondo de casi $ 700.000 a los pensionistas, poniendo en inseguridad jurídica a casi 4 millones de trabajadores afiliados que buscan, en un futuro cercano, a través de la seguridad social ‘reducir y mitigar su pobreza y prevenir su exclusión social’.

¿No se piensa en los más vulnerables?, en las personas con discapacidad, que deben buscar ‘independizarse de sus familias’, y en los jóvenes asegurar un ‘disfrute mínimo de sus derechos económicos y sociales’, como señala la Organización de las Naciones Unidas. (O)

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Diego Fabián Valdivieso Anda, economista, Quito