Viajando desde Guayas hacia el cantón Sucre, Manabí, lo primero que se percibe es un cambio al pasar de una vía concesionada en buenas condiciones a otra que no está concesionada y por lo tanto muy deteriorada, que no tiene la más mínima intervención de los responsables, tales como el Gobierno central a través del Ministerio de Transporte y, menos aún, de las autoridades provinciales y seccionales que no ejercen presión para cambiar esta angustiante situación que se remonta a alrededor de quince años cuando dicha vía recibió un tratamiento adecuado entre La Cadena y Portoviejo, olvidándose del tramo entre Charapotó y Bahía de Caráquez que seguramente lleva por lo menos 30 años sin intervención alguna, según mi percepción. El tema vial de la provincia de Manabí estuvo bien encaminado durante los primeros años del presente siglo, a tal punto de que el Estado entregó las competencias del sistema vial a la Prefectura provincial, con base en lo cual inició un proceso de concesión con el sistema vial Portoviejo–Manta–La Cadena, lo cual fue abruptamente interrumpido por el Gobierno de turno que inició su mandato en el año 2007, cuyas consecuencias las estamos viviendo en la actualidad con el deterioro vial señalado.
Lo mencionado no tiene relación alguna con algo aún peor debido a que, de por medio, está la supervivencia de la población asentada en el sector central y norte de la provincia, particularmente la cabecera cantonal de Sucre, Bahía de Caráquez, que padece, desde hace poco más de 40 años y agudizada en los últimos 25 años, de un abastecimiento de agua potable seguro y continuo pese a tener, aunque alejada de la población, una fuente de agua cruda segura con garantía del suministro que se sustenta en el embalse Daule-Peripa, operando desde el año 1988 y construido en el marco de la antigua Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (Cedegé), que constituye la llave de seguridad hídrica para la zona central de la provincia a través del sistema de trasvase Daule-Peripa hacia el sistema La Esperanza-Poza Honda-Mancha Grande, que inició su operación en el año 2002, construido en el marco del antiguo Centro de Rehabilitación de Manabí que anteriormente, 1965, había construido, en el sector La Estancilla, la planta de tratamiento de agua potable para Bahía de Caráquez y su sector, que en esa oportunidad se abastecía directamente de las aguas del río Carrizal.
Dicho esto, no hay duda alguna de que más allá de los problemas normales que se presentan en el desarrollo de obras en beneficio de la población, existen situaciones relacionadas con la visión de país que tienen los gobiernos de turno; en este sentido, desde la década del 60 nuestro país se caracterizó por gobiernos que priorizaron el desarrollo a través de instituciones descentralizadas y desconcentradas como parte de una esperanza para alcanzar el desarrollo económico y social del país, siguiendo los lineamientos emanados del Gobierno central, cuyas ejecutorias se hicieron evidentes a través de los proyectos construidos. Sin embargo, esta situación cambió luego del año 2010, en el que se privilegió un Estado centralizador y concentrador de las decisiones, dejando de lado las necesidades de gran parte de la población, lo cual debe ser modificado, más temprano que tarde, por el Gobierno central y la Asamblea Nacional. (O)
Publicidad
Jacinto Rivero Solórzano, ingeniero civil, Guayaquil
