El 29 de agosto a las 12 del día tenía parqueado mi vehículo en un centro comercial de la ciudad de Guayaquil, en el espacio de los discapacitados por el derecho que me asiste por mi condición de discapacidad auditiva, como consta en mi cédula de identidad.

En mi carro tengo el logotipo de discapacidad, así como el rótulo de la prensa; pero al regresar de mi diligencia me encuentro con la sorpresa de que en la pluma del parabrisas me habían dejado una citación con la multa de $ 470.

Movilidad en reversa

En la tarde de ese día yo tenía consulta médica con el cardiólogo, mas, todo se alteró. Una señora vigilante que estaba en la entrada principal del centro comercial, a quien acudí por información y enseñé mi documentación, me dijo que ella no lo hizo y me sugirió que vaya en ese momento a las oficinas de la ATM para presentar el reclamo de esa multa. En compañía de mi hija fui al lugar para impugnar esta arbitrariedad; en ese sitio no hay la fila de la tercera edad, lo que toma más tiempo para ser atendidos.

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Luego de haber encontrado un lugar para sentarme, un señor que estaba al lado mío me preguntó por qué estaba ahí y le conté mi caso, me respondió que él también se encontraba por el mismo asunto, que él se había estacionado en el lugar de los discapacitados, porque es de la tercera edad; yo le respondí que eso no está permitido, pero lo que me llamó la atención es que me informó que la ATM, en convenio con un banco, le habían debitado $300 de su pensión jubilar.

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Volviendo a mi caso, luego de ser atendidos y de dejar las copias de mi documentación, me informaron que la respuesta llegaría a mi correo dentro de un mes; ventajosamente, me llegó a los pocos días, en la que consta la resolución, manifestado que quedaba sin efecto la multa y aceptada la impugnación; pero ¡oh sorpresa!, a los dos días me llega otra notificación, señalando que tenía que pagar $47 de forma inmediata para librarme de la coactiva y enajenación de bienes, deduzco que los $ 47 corresponden al 10 % del valor de la multa.

Si ya se anuló la multa, por obvias razones, mi pregunta es: ¿por qué me tienen que cobrar ese valor?, que de paso cuando fui al banco a cancelar la deuda ascendía a $ 50, el cual procedí a pagar, ya que más vale la salud que seguir teniendo inconvenientes.

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Según mi abogado, quien también ha tenido problemas con agentes de tránsito, la ATM debe conocer los casos y pedir disculpas públicas, en especial a los discapacitados por las angustias y malestares ocasionados.

Los agentes encargados de esta labor deben buscar formas de acercamiento con los discapacitados que poseen un vehículo para revisar con ellos la veracidad de sus credenciales y no poner las multas de forma apresurada. (O)

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José Franco Castillo Celi, psicólogo y médico naturista, Guayaquil