Hace cuatro meses publiqué en esta misma sección mi queja por la ilegal, injusta y arbitraria multa que emitió un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) el 31 de enero de 2020 en la vía Durán-Boliche. Pese al tiempo transcurrido y al no tener respuesta a mi denuncia, me vi obligado a pagarla para poder renovar mi licencia de conducir. Sin embargo, quiero volver a comentar mi experiencia y explicar los adjetivos con los que empiezo mi carta:

Ilegal, porque nunca hubo la supuesta infracción (artículo 392 literal 6) por no usar el cinturón de seguridad, puesto que sí lo tenía colocado porque conducía mi vehículo por una autopista.

Injusta, porque el agente nunca me entregó la citación en físico (tal como sí consta en el dato de la página web de la CTE) lo que no permitió mi legítimo derecho a la defensa e impugnación.

Arbitraria, porque sin ningún motivo el uniformado me obligó a detenerme y luego de pedirme mi licencia de conducir, me la devolvió y me ordenó que siguiera mi camino, para luego emitir de manera furtiva la citación.

Como mencioné, finalmente cancelé o me vi obligado a pagar la inexistente contravención (incluyendo el interés de un año ya que nunca se me notificó y además perdí puntos en mi licencia), porque resulta que para impugnar una multa en la Comisión de Tránsito del Ecuador debo contratar un abogado, hacer un trámite en un juzgado y otras diligencias que demandan tiempo y dinero, mucho más que el valor de la multa.

Ahora, lo que me queda de esta experiencia es la indignación, la sensación de desamparo de la justicia. ¿Por qué no unifican procedimientos o reglamentos para que las entidades a cargo del tránsito en las ciudades o provincias faciliten los trámites o denuncias y no dejen indefensos a los ciudadanos ante una injusticia o un abuso? (O)

Byron José Pacheco Cepeda, periodista, Guayaquil