Transcurridas tres semanas de las paralizaciones convocadas por la Conaie y que se han focalizado en provincias como Carchi, Cotopaxi y en especial Imbabura; si bien, el paro no ha tenido el poder de convocatoria de años anteriores, evidencia los costos sociales y económicos derivados de dicha medida. Se observan diversas agresiones de miembros de estas movilizaciones (dirán que son infiltrados) atacando a personas que quieren trabajar honesta y dignamente, llegando inclusive a forcejeos, golpes y destrucción de bienes. De igual manera, atacan a transportistas que buscan llevar la carga a otras ciudades, invaden y destruyen fincas; todo esto trayendo consigo repudio nacional e internacional. Si bien en la Constitución figura el derecho a la protesta, se comulgue o no esta, no es tolerable este tipo de situaciones que solo generan intranquilidad y zozobra, coercionando el derecho al trabajo de aquellas personas que necesitan poner en marcha sus negocios día a día por el sustento de sus familias, por el derecho que tienen de salir adelante y progresar.
Irrespeto a los derechos humanos de la población
Es claro notar los intereses de estos mal llamados “dirigentes” que buscan promover el caos y la discordia en el país, movilizando a un pueblo tan digno, honorable y valeroso como el pueblo indígena. Actitudes como estas de sembrar el caos y el terror no llevan a ninguna parte y solamente dejan, más allá de la huella de destrucción, una preocupación de que el país no puede salir adelante por estos personajes. Probablemente, los veremos en próximas elecciones como candidatos, aduciendo capacidad de movilización, y por ende votos. Por otro lado, los micro, pequeños y medianos productores no cuentan con ingresos ya pasadas estas tres semanas de paralización, lo que les impide cumplir con sus acreencias, con el pago de los sueldos de sus colaboradores y demás obligaciones que tienen. De ahí que es importante que el Gobierno genere apoyos a aquellos que están siendo afectados directamente por esta paralización promovida por la Conaie; por ejemplo, a través de líneas de crédito blanda en BanEcuador, gestionar con el sistema financiero periodos de gracia para el pago de sus créditos, si estos existieran, generar corredores seguros con apoyo a la Policía y militares para que puedan sacar su producción, entre otras medidas.
Asimismo, es preciso entender que el costo no es solamente de corto plazo, pues el paro, si de aquí a mañana termina, hasta que se inicie el proceso de recuperación, hasta que regresen los turistas que quieran llegar a esas zonas a disfrutar los servicios que tienen estas provincias afectadas, tomará su tiempo. Hay también un costo de largo plazo, pues las florícolas, por ejemplo, han tenido que suspender sus exportaciones de flores derivado de que no pueden sacar su producción. Un comprador en el extranjero no va a esperar a que termine el paro, decidirá, por obvias razones, buscar otros proveedores, lo que trae consigo la pérdida de contratos de los productores y exportadores locales, así como también la recuperación de ese cliente en el extranjero será difícil o inexistente. La preocupación con el cumplimiento de fechas importantes como Navidad, e incluso San Valentín, es alta. Más allá de los millones de dólares en pérdidas, el impacto económico que se cierne en la economía de Cotopaxi e Imbabura, principalmente, el mensaje que se transmite hacia el exterior, más allá de las acciones pertinentes del Gobierno, son señales que ahuyentan la inversión. Al final de cuentas, el daño de estas paralizaciones ya está hecho. (O)
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Jorge Calderón Salazar, analista económico, Guayaquil
