Ecuador cierra el 2025 con un nuevo y preocupante episodio que vuelve a colocar a la justicia en el centro del descrédito público. Las denuncias de presuntas presiones ejercidas desde el Consejo de la Judicatura (CJ) a jueces que conocen causas sensibles no solo estremecen la institucionalidad judicial, sino que confirman una percepción ciudadana largamente instalada de que “la justicia sigue siendo vulnerable a intereses políticos, económicos y criminales”.
El caso se torna aún más delicado por los nombres involucrados. Mario Godoy, presidente del CJ, y Henry Gaibor, hasta hace poco director provincial de la Judicatura en Pichincha y hombre de confianza del primero, aparecen vinculados a las denuncias formuladas por el juez anticorrupción Carlos Serrano. Este último afirmó haber recibido presiones de “altos funcionarios” antes de emitir resoluciones judiciales, y denunció además amenazas contra su vida, a tal punto de presentar su “renuncia irrevocable”, misma que –según él– no fue aceptada por el organismo rector de la justicia.
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Godoy ha negado categóricamente las acusaciones, señalando que se trata de una operación política destinada a desestabilizarlo, y ha anunciado que acudirá a la Asamblea Nacional con información “contundente” que, en sus palabras, “sacudirá el avispero político”. Sin embargo, las explicaciones oficiales no han logrado disipar las dudas.
El juez Serrano fundamenta sus denuncias en grabaciones telefónicas en las que, según su versión, se escuchan “recomendaciones” de Henry Gaibor antes de una resolución en el caso del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, quien incluso habría realizado un ademán de amenaza directa de muerte contra el magistrado. A este escenario se suma un elemento particularmente sensible: la participación previa de Dolores Vintimilla Espinoza, esposa de Mario Godoy, como abogada defensora del mencionado ciudadano extranjero. Aunque la defensa técnica es un derecho legítimo, esta coincidencia plantea evidentes conflictos éticos que ameritan una investigación profunda y transparente.
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Como advertía el expresidente Rodrigo Borja Cevallos, “sin jueces independientes no hay democracia posible… y sin ética pública el poder se convierte en una amenaza para la sociedad”. Sus palabras cobran hoy una vigencia inquietante. La corrupción, como carcoma persistente, parece seguir enquistada en las más altas esferas de los poderes del Estado, erosionando la confianza ciudadana y debilitando la legitimidad institucional.
Este episodio, que seguramente tendrá repercusiones políticas en 2026, profundiza el desgaste de un régimen que aún no logra recuperarse del impactante revés sufrido en la reciente consulta y referéndum. Frente a ello, la ciudadanía exige algo elemental pero indispensable: verdad y transparencia (…); y, sanciones ejemplares, caiga quien caiga. Solo así será posible comenzar a reconstruir una justicia independiente, creíble y al servicio del país, y no de intereses personales, familiares o criminales. (O)
Eugenio Morocho Quinteros, arquitecto, Azogues