La región andina (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile) enfrenta un dilema estratégico: seguir operando con sistemas financieros fragmentados, desiguales y tecnológicamente asimétricos, o dar el salto hacia una arquitectura solidaria, digital e integrada, capaz de transformar la inclusión financiera en motor real de desarrollo humano.
La Política Regional de Innovación y Finanzas Solidarias Andinas 2025–2030, impulsada desde el Parlamento Andino, representa la respuesta más ambiciosa y estructurada que ha tenido la región en décadas.
Más del 60 % de la economía productiva andina pertenece a la economía popular y solidaria (EPS), pero opera sin interoperabilidad digital, con escaso acceso a crédito y mínima coordinación transfronteriza. El proyecto plantea revertir esta realidad mediante tres pilares: integración normativa, interoperabilidad financiera y capital solidario regional.
Entre sus metas destaca la creación del Fondo Andino de Garantías Solidarias, la Plataforma Regional de Interoperabilidad Financiera y un Consejo Andino permanente, capaces de movilizar $ 40.000 millones hacia proyectos sostenibles en sectores como energía limpia, salud comunitaria y digitalización rural. El énfasis no es solo financiero, sino civilizatorio: equidad territorial, identidad andina compartida y diplomacia económica solidaria.
Lejos de ser un documento técnico más, esta política propone un viraje histórico: pasar de la lógica extractiva a la cooperación financiera con propósito humano, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Si se ejecuta con visión y continuidad, la región andina podría ocupar un liderazgo global en innovación solidaria, superando décadas de dependencia, desigualdad y centralismo.
La decisión está en curso. Pero la ventana es corta. La historia juzgará si esta vez, finalmente, los Andes actuaron como región y no como archipiélago. (O)
Jorge Ortiz Merchán, máster en Economía y Políticas Públicas, Durán
