Francamente, la laxitud con la cual algunos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social están manejando el tema reglamentario de la selección del futuro fiscal general de la nación pone en duda los niveles intelectuales de quienes participan en la elaboración del reglamento pertinente y en su aprobación.
No es posible que alguien proponga cosas absurdas, así no se hayan aprobado, como por ejemplo que se premie con puntos a los discapacitados, o que se privilegie a quienes viven en el campo, o que pertenezcan a cierto quintil de pobreza, sin dar mayor énfasis al conocimiento, a la experiencia, a la probidad. Estamos hablando del fiscal general de la nación, por favor, es necesaria más seriedad y compromiso con el bienestar del país.
Habla bastante de la verdadera intención de quienes hacen ese tipo de propuestas, que no se las puede calificar ni siquiera de populistas, pero sí de malintencionadas.
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Lo lamentable es que los resultados de estos reglamentos afectan al pueblo, por los malos funcionarios así escogidos, por la falta de méritos debido a la flojera de los requisitos, etc. Hay que saber evaluar qué méritos se deben exigir para qué posiciones; en este caso, no es el vivir en el campo, sino los conocimientos del postulante.
Coincido plenamente con un periodista que incita a la academia, a los gremios a que se impulse la participación de personas valiosas en estos concursos, a que descalifique a quienes no lo merecen, a que critiquen las faltas evidentes, a que protesten por atropellos a las leyes.
Preguntas abiertas: ¿Qué sanciones deben aplicarse para quienes ocasionen incendios forestales? (O)
Ecuador ya ha vivido suficiente descalabro con fiscales mediocres designados a dedo, siendo calificados por consejos de participación ciudadana conformados por obsecuentes serviles, dando puntajes de 90 o más sobre 100. Pareciera que ahora queremos seguir por el mismo camino. (O)
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José Manuel Jalil Haas, ingeniero químico, Quito