Solo en nuestro país suceden cosas como estas de poner radares, dizque para controlar la velocidad de los vehículos, por todas las carreteras de la ciudad y del país. El 4 de mayo de 2023, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) presentó el proyecto para que empresas privadas instalen radares en todas las vías, ya que la institución aparentemente no tenía la capacidad técnica ni económica para poner los equipos. Para ese año, el gobierno de Lasso elaboró en tiempo récord normativas legales vigentes. Por estas razones, se alertó de presuntas irregularidades en el concurso de dos empresas, Seviecu y Ecutransit. Estas dos empresas, fueron las ganadoras del contrato, para gestionar hasta 480 puestos de control, con radares de velocidad.
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Por otra parte, la CTE compartió la ubicación de 39 radares, en las provincias de Los Ríos, El Oro y Cañar. Esos radares generan grandes ganancias y, al mismo tiempo, protestas por los conductores, que piden que se suspendan los permisos de homologación de los dispositivos de medición de velocidad, unos por estar descalibrados y otros por la regulación de la distancia de cada radar. Pero lo más interesante es que los consorcios tienen la participación del 45 % del valor recaudado por cada multa captada por las cámaras sancionadoras. Todo este embrollo ha conducido a vicios legales técnicos y procedimentales. Así mismo, como producto de la alerta que surgió de la Asamblea y la decisión del Gobierno, que pide investigación a la Contraloría.
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Por esta razón, la CTE suspendió los registros del valor de las multas de tránsito. No obstante, la institución no especificó en qué sectores se aplica esta modalidad, por lo tanto, se pide a las autoridades activar el control de legalidad del contrato, para adoptar las acciones judiciales necesarias, en defensa de los intereses nacionales y a la CTE tomar acciones legales y contractuales, para evitar que se siga perjudicando a los usuarios. (O)
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Robespierre Rivas Ronquillo, periodista, Guayaquil
