El presidente electo Guillermo Lasso ha dicho que la solución para el mantenimiento de las vías públicas, en las circunstancias actuales, es la concesión; sin embargo, es importante que sean negociadas en condiciones no lesivas para el Estado.

En una concesión debe constar que si el concesionario no cumple con el objeto de su contrato, este puede ser revocado sin indemnización alguna porque el riesgo es parte de ese negocio. Si un contrato de concesión contempla utilidades garantizadas, eso ya no sería una buena concesión sino una con aroma a corrupción (chamba segura por n años). Para estimular la competencia es saludable que el concurso para concesionar una vía sea internacional y con contratos bien estructurados que no dejen abierta la posibilidad de ningún reclamo posterior en caso de incumplimiento.

La red vial estatal tiene 10.000 kilómetros, aproximadamente, de los cuales 2.600 están concesionados, y si son cumplidos los programas actuales se llegaría a 4.000 kilómetros. Lo anterior supone que los 6.000 kilómetros restantes deben ser conservados con dinero del presupuesto y pagos del Estado, pero el Gobierno actual por falta de liquidez no ha atendido esta necesidad que se agrava con el tiempo. Es importante señalar que los concesionarios deben realizar mediciones in situ para determinar el momento adecuado para ejecutar las tareas de conservación, las cuales deben ser oportunas, pues si las hacen antes de tiempo estarían desperdiciando el dinero, y si las hacen después de tiempo el mantenimiento costaría más, lo que en ningún caso es buen negocio para el concesionario. Si las vías son mantenidas oportunamente el comercio tendrá facilidades para transportar sus productos, se moverá la economía y conservará por más tiempo el parque automotor del país. (O)

Hugo Landívar Armendáriz, ingeniero civil, Guayaquil