En diciembre del 2025, la ciudadanía del cantón Sucre recibió la noticia al conocer que estaba en firme un financiamiento para una inversión de $ 14,4 millones para la construcción de la nueva planta de agua potable para abastecer a las poblaciones de Bahía de Caráquez, San Vicente y partes altas de Tosagua, con recursos de los fondos de la reconstrucción disponibles luego del terremoto de abril del 2016 gestionados por los alcaldes de los cantones beneficiarios. Vale recordar que en marzo del 2023 se inició la socialización de un proyecto de abastecimiento de agua potable para Bahía de Caráquez y Leonidas Plaza, que en esa época se constituía en una solución esperada por años, cuya toma estaría en el río Carrizal, cerca del puente Larrea, el cual recibió la aprobación del Banco del Estado, en cuya oportunidad se dijo con mucha razón que la Municipalidad del cantón Sucre no tenía capacidad de endeudamiento y, por lo tanto, debían buscarse otros mecanismos que permitan su implementación, el cual finalmente se encontró.
El proyecto socializado en 2023, gestionado por la administración anterior del cantón Sucre bajo la intervención técnica del denominado Consorcio Sucre Progresa, ha sufrido modificaciones con la intervención técnica del mencionado consorcio, ahora denominado Grupo Concretus, a través del cual se realizaron modificaciones que aparentemente no distorsionan el objetivo del proyecto inicial y, más bien, incorporan elementos adicionales que permiten ampliar la población a servir, que incluye un rediseño de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y de la variante de la conducción principal y una obra de protección en el estratégico tanque de distribución en el sitio La Atravesada.
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Las complementaciones fueron realizadas en el marco de la Empresa Mancomunada (EMMAP-EP), que se encargará de gestionar la construcción y la posterior distribución hacia las poblaciones a servir, lo cual, desde mi punto de vista, significa un despropósito en virtud de que la mencionada empresa, a lo largo de los años, ha sido la causa principal de la falta de agua potable, principalmente hacia Bahía de Caráquez, debido a un concepto generalizado de falta de capacidad técnica, corrupción o ambos, adicionado al ingrediente político. Es decir, más allá de tener en firme un financiamiento esperado por años, podemos caer en una especie de saco roto que nos lleve al corto plazo a padecer los mismos problemas que hemos sufrido por años, en los que el único avance respecto a lo que ocurría en la década de los 60 es que en esa época se distribuía el agua en burros y ahora se lo realiza en tanqueros y muy eventualmente a través de las deterioradas tuberías de distribución; esto ocurre por excepción para confirmar la regla.
Tal como se ha mencionado en otras ocasiones, se hace imperioso escoger en el marco de la ley un aliado estratégico privado y firmar un contrato de prestación de servicios que tenga la responsabilidad de administrar el sistema y hacerse cargo de la distribución, comercialización y cobranza. En este esquema la responsabilidad es del privado y las regulaciones respecto a las tarifas y demás serán dadas por las municipalidades, quienes a su vez serán las responsables de velar por el cumplimiento del contrato. (O)
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Jacinto Rivero Solórzano, ingeniero civil, Guayaquil