La pandemia del COVID paralizó al país y a toda actividad comercial, la droga era la única mercadería que se vendía, la delincuencia se organizó y se multiplicó, les dio trabajo a muchos y a sus familias, se tomaron sectores de la ciudad, y del país. Estos grupos delictivos se han expandido, secuestran, asaltan, roban, y ahora se creen con derecho a cobrar impuestos (vacunas) para darnos seguridad, pero a diferencia del SRI, el evasor paga con la pena de muerte.
La inseguridad se debe a que no hemos entendido que los derechos humanos son de las víctimas y no de los delincuentes, nuestras leyes son demasiado “bondadosas”. Muy pocos victimarios van a la cárcel, o se quedan con arresto domiciliario, y seguridad privada con la misma policía, y si van a la cárcel, llegan a un spa. ¿Qué leyes podemos esperar de una Asamblea, con mayoría de un partido político, en el que sus dirigentes están presos o prófugos? ¿Qué podemos esperar de un CNE que ha permitido que esto suceda?
El crimen organizado tiene leyes, su ley “metálica” de “plata o plomo”, que pone en peligro al Gobierno, el sistema de justicia, y rebasa la legislación vigente, si queremos que el Ecuador vuelva a ser seguro, nuestras leyes deben ser “proporcionales a la gravedad del delito”, los sicarios deben tener el mismo destino que sus víctimas, como lo fue en Ecuador entre 1857 y 1896 y está vigente en muchos países del mundo. ¿Es este el Ecuador que queremos? (O)
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Juan Orús Guerra, arquitecto, Guayaquil
