Es inaceptable que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, integrado por una mayoría que por su trayectoria política trate de elegir al candidato a contralor que demuestre competencias para integrar, desde mi punto de vista, el equipo de la corrupción, como ocurrió en los últimos años.
Es también inaceptable que el Consejo Nacional Electoral, además de la desconfianza que genera, utilice importantes recursos públicos, que deben ser examinados por la Contraloría, para repetir elecciones en el extranjero por las deficiencias del voto electrónico.
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Es inaceptable que el Consejo de la Judicatura no sancione con objetividad y celeridad las actuaciones de jueces que propician la impunidad, que es una de las causas de la violencia e inseguridad en que vivimos, por lo que sus actores no merecen el respeto ciudadano y deberían ser sancionados.
Por otra parte, es también inaceptable que la Corte Nacional de Justicia, que promovió la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, pretenda borrar lo actuado con el simplista retiro de confianza, como si ese manifiesto restituyera la capacidad de gestión y la ética que debe reunir el funcionario designado.
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Una de las principales causas de lo descrito es la actual Constitución, que debe ser reformada. Esto debido a que, entre otros aspectos, creó dos poderes adicionales que han permitido a determinados grupos políticos controlar las principales instituciones con personas dispuestas a vulnerar derechos y a violar normativas para lograr obscuros propósitos. (O)
Mario Gustavo Andrade Trujillo, Quito