El Ministerio de Educación ha resuelto y el COE nacional ha dado su visto bueno al retorno a clases presenciales, de los estudiantes de los niveles primario y secundario, a pesar de que son evidentes dos situaciones que recomendarían lo contrario:

La primera situación es que las autoridades de salud y voceros de respetables organizaciones médicas señalan que hay un ligero repunte de casos de COVID y la consiguiente hospitalización, luego de los cuestionados feriados vacacionales de octubre y noviembre; es de pensar entonces que los hacinamientos de estudiantes en sus estrechas aulas harían probable un contagio, posiblemente masivo. La segunda situación que se presenta es el evidente mal estado de las instalaciones educativas, huérfanas de cuidado y mantenimiento, saqueadas un gran número de estas durante el prolongado lapso que llevamos de la pandemia, que no tendrían las condiciones mínimas para albergar a los estudiantes; esto, aparte de que los estudiantes ya fueron perjudicados por la falta de estrategias y mecanismos, por parte del Gobierno nacional y la clase magisterial, para impartirles clases de manera adecuada durante la pandemia.

Así las cosas, aparece novelera y apresurada la urgencia al retorno presencial a escuelas y colegios sin antes garantizar que no habrá contagios de la enfermedad y que las instalaciones educativas recibirán de manera óptima, pedagógica y segura a los niños y jóvenes que en estas reciban clases. Además, resulta irracional el retorno a clases presenciales en el régimen Costa, por la compra de uniformes, material educativo y otros elementos relacionados, cuando restan apenas dos meses para concluir su periodo. En esta circunstancia, ¿por qué no esperar solucionar los problemas señalados y reiniciar las actividades escolares con el nuevo curso lectivo completo? Las autoridades competentes deben entender que la ciudadanía solo pide coherencia y medidas acertadas. Nada más que eso. (O)

Teófilo Villón Barros, periodista, Guayaquil