Cuando la protección oficial debe cuidar a todos

La violencia que atraviesa el país obliga a superar las apariencias. Un ministro que dirige acciones contra estructuras criminales puede enfrentar amenazas distintas de las que soporta un pasajero común. Sin embargo, ni su cargo demuestra que cada vuelo sea peligroso ni la presencia de guardaespaldas garantiza que todos estén suficientemente protegidos.

La investigación sobre violencia dirigida contra figuras públicas enseña que evaluar amenazas exige examinar comportamientos, intenciones, capacidades y circunstancias. La ausencia de una advertencia explícita no acredita seguridad. Pero tampoco sería responsable convertir una sospecha en certeza o asignar porcentajes de riesgo sin evidencia verificable.

En una aeronave comercial, la protección debe comprender al ministro, sus escoltas, la tripulación y los pasajeros. Cuando una amenaza específica puede alcanzar un espacio compartido, sus consecuencias potenciales dejan de ser exclusivamente individuales. Allí comienza una responsabilidad pública que no puede resolverse con valentía personal, popularidad o conveniencia presupuestaria.

Nuestros ministros que trabajan en territorio necesitan inteligencia oportuna, planificación profesional y coordinación institucional. Exigirles exposición innecesaria para demostrar cercanía con la ciudadanía confunde liderazgo con vulnerabilidad.

Pero protegerlos también exige mirar a quienes viajan al lado. Una familia no participa en la decisión oficial sobre el desplazamiento. Por eso, la aceptación personal del riesgo por parte de una autoridad no sustituye la evaluación de sus posibles efectos sobre otros.

La austeridad debe considerar consecuencias. Un pasaje económico puede resultar una decisión inadecuada si persiste una amenaza grave que los controles disponibles no permiten mitigar suficientemente. La respuesta institucional debería poder explicar quién evaluó la amenaza, qué entidades coordinaron, si se cumplieron las autorizaciones y por qué el medio elegido resultaba razonable. Esa rendición de cuentas puede realizarse mediante controles, preservando información sensible y evitando divulgar detalles sensibles.

Ecuador necesita una política de movilidad de autoridades que incorpore el riesgo a terceros. Cuando la evaluación sea insuficiente, debe completarse; cuando el peligro no pueda mitigarse, corresponde reconsiderar el viaje. La seguridad exige decisiones revisables, sustentadas y sujetas a responsabilidad. La prevención debe preceder siempre a la tragedia. (O)

Jorge Ortiz Merchán, máster en Economía y Políticas Públicas, Durán