Más de cuatro horas le tomó al juez de Pichincha Geovanny Freire leer la resolución en la que fundamentó el llamado a juicio de los siete acusados de intervenir en el nivel intelectual para lograr el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto de 2023. La diligencia se instaló poco después de las 09:00 de este jueves, 5 de noviembre, y culminó cerca de las 15:00.
Para el magistrado, de los elementos de convicción incorporados por la Fiscalía, se logra determinar que la acusación relacionada con la planificación, financiación, coordinación y ejecución del asesinato del presidenciable de la Alianza Gente Buena-Construye cuenta con sustento investigativo suficiente para justificar su conocimiento en la etapa de juicio.
Casi tres meses después de que se suspendió la audiencia preparatoria de juicio dentro del caso Magnicidio FV y al segundo intento, el juez Freire reinstaló la diligencia en la que dio a conocer su auto de llamamiento a juicio de los siete acusados en calidad de autores mediatos del crimen, al estilo sicariato, de Villavicencio.
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Freire suspendió la audiencia el 14 de agosto pasado para ingresar a deliberar la decisión que tomó contra los cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos: Wilmer Chavarría, líder máximo ubicado con el alias de Pipo; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis; el exministro del correísmo José Serrano; el llamado juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán; el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga; y el condenado por actos de corrupción en la salud y la justicia Daniel Salcedo.
El análisis del juez para llamar a juicio a los siete sospechosos:
“Las declaraciones testimoniales, comunicaciones electrónicas, informes policiales de actuaciones periciales, documentación financiera y antecedentes relacionados con las estructuras criminales investigadas constituyen un conjunto de elementos pertinentes que, examinados de manera articulada, permiten reconstruir las circunstancias del atentado y establecer conexiones relevantes con las conductas individualmente atribuidas a las personas procesadas”, anotó el juez.
En su decisión oral, el magistrado indicó que se han considerado los argumentos de las defensas técnicas, las diferencias existentes entre determinadas fuentes investigativas y las cuestiones relacionadas con la admisibilidad de los elementos incorporados, concluyendo, dijo, que tales circunstancias no desvirtúan la suficiencia de la acusación.
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Según el juez Freire, la valoración efectuada por él responde al estándar propio de la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, que exige fundamentos suficientes para someter la acusación al debate probatorio, sin requerir certeza necesaria para dictar una sentencia condenatoria. “En consecuencia, se concluye que subsisten elementos de convicción suficientes, pertinentes y jurídicamente utilizables que sustentan la acusación fiscal respecto de las siete personas procesadas y justifican dictar el auto de llamamiento a juicio por el delito de asesinato previsto en el artículo 140, en los numerales 9 y 10, del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”.
Se aclaró que la determinación definitiva de la responsabilidad de los siete procesados corresponderá al Tribunal de Garantías Penales competente, mediante la valoración de la prueba legalmente practicada, con observancia de los principios de inmediación, contradicción y presunción de inocencia.
“Se determina que el conjunto de elementos de convicción jurídicamente expuestos proporciona sustento suficiente a la hipótesis acusatoria de la Fiscalía al permitir establecer relaciones relevantes entre las actuaciones de planificación, financiación, coordinación y ejecución del asesinato, así como las conductas individualmente atribuidas a las personas procesadas. Por lo tanto, la valoración conjunta efectuada justifica que la acusación sea sometida a un conocimiento de un Tribunal de Garantías Penales”, concluyó Freire.
Las medidas cautelares y la declaratoria de prófugos de la justicia:
El juez del caso Magnicidio ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para los siete procesados y ubicó como prófugos de la justicia a Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Wilmer Chavarría.
Estos tres procesados por asesinato se encuentran fuera del alcance de la justicia ecuatoriana, pues Jordán se encuentra detenido en Estados Unidos bajo un proceso migratorio; Chavarría está detenido en España con un trámite de extradición en proceso; y Aleaga estaría refugiado en Venezuela. De Salcedo, quien hace unos días fue extraditado a Estados Unidos, el juez no se pronunció.
Para Jordán, Aleaga y Chavarría el juez dejó en suspenso la etapa de juzgamiento, esto debido a que actualmente la norma determina que el delito de asesinato, por el que son procesados, no está dentro de la lista de figuras penales en las que se puede juzgar en ausencia. Pese a ello, el magistrado dispuso que se mantengan las órdenes de búsqueda nacional e internacional.
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Respecto de otras medidas cautelares, el juez dispuso la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y la retención de cuentas existentes en el sistema financiero nacional.
La amenaza de bomba que suspendió la audiencia:
El juez Geovanny Freire fue informado de una amenaza de bomba y de la orden de evacuación mientras leía su decisión. El magistrado dijo que debía abandonar la sala, pero que buscaría cómo conectarse inmediatamente para seguir con la diligencia. Pidió a los sujetos procesales presentes en la conexión Zoom que no la abandonen. Minutos después, la secretaria también evacuó la sala de audiencias, igualmente pidiendo que el resto de los sujetos procesales se mantengan conectados.
De lo que se conoció, la amenaza de bomba se dio luego de que fue abandonada una maleta en el ingreso principal del Complejo Judicial Norte, localizado sobre la avenida Amazonas y la calle Pereira, en el norte de Quito. Inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad y se inició la evacuación del personal judicial y de los ciudadanos que se encontraban dentro y cerca del edificio.
Revisada la maleta abandonada, se encontraron cápsulas detonantes que no fueron activadas, las cuales luego la Unidad Antiexplosivos de la Policía hizo explotar de forma controlada.
De las primeras investigaciones se desprende que la persona que abandonó la maleta corrió hacia la calle Villalengua, a un costado del Complejo Judicial Norte, y arrojó una bolsa de basura que tenía un papel pegado en el que se leía: “Si siguen van a empezar a morir gente que no tiene nada k ver”. El sospechoso habría subido a una motocicleta que lo esperaba en la vía y huyó del lugar. La Policía aún sigue las pistas dejadas.
La diligencia se retomó cerca de las 11:00 de este jueves, casi una hora después de su suspensión, y, por seguridad, el juez fue ubicado en otra oficina para continuar con la audiencia preparatoria de juicio por el delito de asesinato. (I)