El sueño de muchas personas, entre ellas yo, de adquirir una vivienda dentro de urbanizaciones consideradas privadas o cerradas se está convirtiendo, poco a poco, en una pesadilla costosa y desagradable.

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Estas malas experiencias tienen nombre y apellido. Por un lado, están las arbitrariedades y la larga lista de imposiciones, así como la desatención de las autoridades municipales. También hay que mencionar la indiferencia y la apatía por parte de los entes responsables de administrar estos programas habitacionales. Además, a esta lista se suman la falta de integración y compromiso de los propios residentes, lo que conlleva a que se comprometa el respeto entre los propietarios y, por ende, el grado de convivencia y buen vivir.

Considero que el arribo de “nuevos residentes” a cantones como Daule y Samborondón, entre otros, ha ocasionado que los municipios se vuelvan “creativos” en la búsqueda de más ingresos. Desafortunadamente para nuestro bolsillo, la “súbita y arbitraria” imposición de tasas y la creación de impuestos y otros cargos administrativos representan la opción “más rápida y menos conflictiva” utilizada por los gobiernos estatales y seccionales para generar ingresos. Por ejemplo, desde el año 2020 hasta el año 2032, está programado el cobro de una tasa anual a los propietarios de viviendas en las urbanizaciones aledañas al sector. Esta tasa supuestamente apunta a recuperar los gastos de ejecución del proyecto y mantenimiento de dicho puente. También se han impuesto otras tasas relacionadas con otros servicios. A pesar de todo esto, aún se evidencia la falta de respuesta de la autoridad municipal al clamor de quienes residimos en estos sectores. Tal es el caso que tuvieron que pasar alrededor de diez años para que la prefectura del Guayas intervenga un tramo de la avenida León Febres-Cordero, para reparar los innumerables daños ocasionados por las lluvias y por el continuo flujo de vehículos pesados.

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La experiencia desagradable, como lo mencioné en renglones anteriores, está relacionada con la convivencia común entre los propietarios y con los entes que administran estos complejos.

Lamentablemente, vivimos en una sociedad acostumbrada a actuar al margen de la ley. En estos tiempos de cambio, se puede observar que las personas muy esporádicamente dan muestra de buenas normas de conducta. Pienso que existe una serie de posibles atenuantes que están ocasionando que la experiencia de convivir en urbanizaciones se torne un dolor de cabeza.

Abusos en urbanizaciones

Por un lado, está la displicencia y falta de acción de aquellas personas responsables de coordinar las labores de mantenimiento de las áreas comunes de la urbanización. Por otro lado, están las personas que hacen mal uso de las áreas designadas para el estacionamiento temporal utilizándolas como zona de parqueo permanente. Además hay propietarios que simplemente permiten que sus mascotas salgan solas a realizar sus necesidades, sin importarles que lo hagan en áreas comunes y en jardines.

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Se necesita que los miembros del municipio y la Policía sean intermediarios entre la administración y los propietarios para vigilar el cumplimiento de los servicios y el adecuado manejo de los fondos provenientes del pago de nuestras cuotas. (O)

Pedro R. Lozada Bravo, Nueva York, EE. UU.