La Amazonía ecuatoriana, frontera con Colombia y Perú, representa un territorio estratégico por su riqueza petrolera y biodiversidad. Sin embargo, las provincias de Sucumbíos y Orellana continúan relegadas pese a ser sostén económico del país.
La bandera: alma y desafío de la patria
La Ley Amazónica de 2018, en su artículo 41, estableció la contratación preferencial de mano de obra local en entidades públicas y privadas. A más de cinco años de vigencia, este mandato no se cumple, generando frustración, protestas y una sensación de abandono estatal. El incumplimiento vulnera la propia Constitución del Ecuador. El artículo 11 numeral 2 garantiza igualdad y no discriminación; el artículo 32, el derecho a la salud; y el artículo 26, el derecho a la educación. Sin embargo, en parroquias como San Carlos, en La Joya de los Sachas, provincia de Orellana, la contaminación petrolera ha generado enfermedades graves como el cáncer, sin que existan hospitales especializados ni médicos suficientes. En materia educativa, Sucumbíos y Orellana carecen de universidades públicas, obligando a los jóvenes a migrar para estudiar.
La situación se agrava por la condición fronteriza. Sucumbíos limita con Colombia y enfrenta riesgos por grupos armados, migración irregular y tráfico ilícito. Orellana, colindante con Perú, sufre falta de infraestructura vial y presencia estatal débil. Todo ello contradice el artículo 3 de la Constitución, que establece el deber del Estado de garantizar la soberanía, la seguridad y el desarrollo equitativo en todo el territorio. Ecuador, además, ha ratificado compromisos internacionales que obligan a proteger los derechos de sus ciudadanos amazónicos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). La CIDH ha enfatizado que los Estados deben prestar especial atención a poblaciones fronterizas y comunidades indígenas, protegiéndolas frente a riesgos derivados de actividades extractivas.
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Ante ello, surge una pregunta legítima: ¿dónde está la igualdad prometida? La Amazonía no puede seguir siendo vista solo como fuente de recursos. (O)
Elio Roberto Ortega Icaza, mediador y abogado criminalista, el Coca
