Dicen que el ministro Juan Carlos Zevallos ha cometido el delito de tráfico de influencias, penado con prisión de 3 a 5 años, porque ordenó la vacunación de su madre y otros adultos asilados en un geriátrico de Quito. Que hay que perseguir ese delito, porque si no se lo hace se estaría poniendo un mal ejemplo que muchos podrían seguir y se pondrían en peligro valores ciudadanos.
Los acusadores aparecen muy bravos en la TV y dicen que hay que sacarlo de sus funciones, sin importar que falten tres meses para terminar el Gobierno y que otro ministro debe empezar desde cero en el combate a la peste. Por la vía de sorites intencionados, se llegaría a acusarlo de peculado y hasta de genocidio. La fiscalía puede acusarlo como delincuente.
El tráfico de influencias es aprovecharse de su jerarquía para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros. El ministro Zevallos reconoce que sí, que él ordenó que vacunaran a su madre y a otras personas del asilo de ancianos. Se saltó el orden establecido por él mismo y el Gobierno. ¿Qué ley violó?
La materialidad de la infracción es fácil de calcular. Si la vacuna cuesta tres dólares y fueron dieciocho los vacunados, el beneficio o perjuicio económico sería de 54 dólares. Un ocurrido decía hace años: “No es por la cantidad sino por la sapada”. ¿Tuvo el ministro Zevallos un beneficio económico por haber ordenado vacunar a su madre? Más temprano que tarde los alojados en esa casa hubieran sido vacunados, pues por su edad están entre los de mayor riesgo. De manera que el ministro hizo adelantar por algunos meses el servicio. Otra vez: ¿cuánto ganó el ministro?
Los delitos tipificados en el capítulo quinto del COIP se refieren a la responsabilidad ciudadana y comprenden, entre otros, el peculado, el prevaricato, la concusión, el cohecho, el enriquecimiento ilícito, el testaferrismo. Todos se refieren a un perjuicio al Estado para obtener un beneficio personal o en favor de terceros. El ministro ha reconocido que él mismo dio la orden de vacunar a su madre y a otras personas en el local. No lo excuso de haber cometido una falta no tipificada como delito. Pero una condena de prisión de hasta cinco años es una aberración. Aclaro que no soy su amigo.
Exijamos al Gobierno mayor celeridad y transparencia en la vacunación. Que llame en su auxilio a esas organizaciones de la sociedad civil que hicieron tan eficientes y honestos servicios a los ecuatorianos el año pasado. Que llame a María Gloria, a Paúl Palacios, a la señora Karla, a los Diakonía para que colaboren en la vacunación local y nacional. Ya demostraron su gran inteligencia, su honrado patriotismo y su poder de organización. Déjenlos actuar, confíen en ellos. Ellos mismos crearán un sistema para que la burocracia no ponga trabas en la entrega de las vacunas, porque tienen que llevar las cuentas claras de lo que reciben y lo que usan y además elaborar el registro de los vacunados para la aplicación de la segunda dosis. ¿Por qué no acudir también a las empresas privadas para que vacunen a su personal? El enemigo número dos después del virus es el tiempo. (O)
