¿Concesiones o privatizaciones? El Gobierno prefiere hablar de monetización de activos del Estado, pero el término genera ambigüedad e imprecisión porque dentro de él caben las dos opciones. Ha saltado una vez más el tema al debate público a propósito del acuerdo firmado con la International Development Finance Corporation (DFC) de Estados Unidos, para acceder a una línea de financiamiento de hasta $ 3.500 millones para prepagar deuda externa cara –sobre todo con China– o inyectar recursos a la reactivación económica.

Lo que parecía un último favor de la administración Trump al Ecuador, que se suma a los respaldos recibidos del FMI, terminó siendo un acuerdo condicionado a la concesión o privatización de activos del Estado. Se trata de un mecanismo complejo, según ha explicado el ministro de Finanzas: una vez definida la concesión o la privatización, la DFC adelanta un monto equivalente al valor acordado previa una aprobación del proceso. Cuando el inversionista entrega el dinero, el Gobierno puede pagar toda o una parte del dinero anticipado.

Pozo ha dicho que el Gobierno intentará cerrar la mayor cantidad de proyectos para usar la línea de crédito de la DFC. ¿Qué significa cerrar la mayor cantidad de proyectos? Pues no está claro. El ministro habló de diez proyectos en carpeta con distinto grado de avance. Entre otros, ha mencionado concesionar el campo Sacha –“muy avanzado”–, la gestión de CNT y de la Refinería de Esmeraldas, pero también de la venta de las antenas de CNT y el Banco del Pacífico. Este último proyecto se ha manejado con inaceptables cláusulas de reserva y secretismo. La venta de las antenas de CNT, mientras tanto, tiene un interés geopolítico de los Estados Unidos: mantener a los chinos fuera del negocio de las telecomunicaciones en la región.

La monetización de activos del Estado no es un tema nuevo en el Gobierno, se lo viene discutiendo por lo menos desde el 2018 sin ningún resultado. Se podría suponer que ha seguido avanzando en silencio y que ahora el Gobierno tiene lista una carpeta de proyectos y de interesados; o se puede pensar que será, como muchas otras cosas de este decepcionante Ecuador, una expresión de buenos deseos y nada más.

En las postrimerías de un gobierno con muy mala imagen y reputación, sin la legitimidad y autoridad para emprender una tarea de semejante magnitud, el plan de monetizar activos sorprende. También porque el país se encuentra a las puertas de una elección con un escenario incierto. El Gobierno debería cuando menos mostrar claramente cuáles son los diez proyectos, cuáles se concesionarán y privatizarán; justificar bien la conveniencia de monetizarlos, y qué hará con los recursos. Y por supuesto, garantizar toda la transparencia en el proceso. ¿Podrá lograrlo en el corto tiempo que le queda? Difícil. El empobrecido y golpeado Ecuador, en la recta final de un gobierno muy desacreditado, corre el peligro de monetizar tardía y apuradamente algunos de sus activos. Y un mecanismo que eventualmente podría ser una buena herramienta para mejorar los servicios estatales y reducir deuda cara terminaría envuelto en la sospecha. (O)