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Imagen destruida

En días pasados los medios nacionales informaron de una sentencia dictada por un juez del estado de Florida declarando culpable a un técnico de haber invadido ilegalmente, desde dicho estado, correos electrónicos de un ecuatoriano; documentos que luego sirvieron para que en nuestro país se inicie un proceso penal y se condene a varias personas. En su sentencia, el juez estadounidense subraya la gravedad de la infracción cometida y el daño que luego se les infligió a terceros con esa información mal habida. En Estados Unidos y en la mayoría de las naciones con sistemas legales relativamente desarrollados, las evidencias obtenidas ilegalmente terminan anulando todo el proceso sin importar las consecuencias. Es la conocida doctrina del fruto del árbol envenenado, una metáfora para graficar que si la fuente de la prueba (el árbol) está corrompida, todas las demás pruebas y el proceso en sí (las frutas que penden del árbol) quedan contaminados igualmente. Los fiscales en los Estados Unidos a menudo deben desistir de presentar cargos en contra de acusados cuando caen en cuenta de que la policía les ha proveído pruebas obtenidas ilegalmente. La justicia no puede incurrir en delitos para cumplir con sus objetivos. En el Ecuador la ley prevé algo similar. La Fiscalía debe acusar solamente cuando haya méritos para hacerlo, y obviamente no los hay cuando las pruebas fueron obtenidas ilegalmente; más aún cuando esa ilegalidad ya ha sido determinada judicialmente. Lamentablemente en ocasiones este principio es soslayado por una u otra razón. Sin embargo, el admitir un error no solo que es un imperativo legal, sino que es un mandato de la ética, lo que a la larga fortalece al Estado de derecho. Este es el caso de la señora Carolina Astudillo que ha trascendido en los medios, más aún ahora que hay hasta una sentencia declarando que las pruebas que se usaron han sido obtenidas ilegalmente.

Pero este no es el único caso. A él se suman otros casos similares. ¿No estuvo acaso la persecución brutal contra Galo Lara basada en pruebas amañadas en su contra para cumplir con un objetivo político? ¿No fue acaso la sentencia que condenó a los directores de este Diario, a la empresa que lo edita y al periodista Emilio Palacio, una sentencia forjada en las entrañas de la corrupción para cumplir, asimismo, un propósito político? Sobre esto último hay inclusive una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmando la ilegitimidad de esa sentencia por no haber sido escrita por el juez, y con ello la violación de un tratado internacional en lo relativo al debido proceso. Algo similar sucedió en el llamado caso Chevron. Un tribunal internacional, luego de un larguísimo proceso en La Haya, ha comprobado que la empresa fue condenada por daños ambientales por un juez ecuatoriano con base en pruebas fraudulentas, sin que el Estado, y en especial, la Corte Nacional hayan hecho algo al respecto. Como resultado, el Ecuador deberá probablemente pagarle al gigante petrolero cientos si no miles de millones de dólares por indemnización, dinero que saldrá de nuestros bolsillos.

Casos como estos han destruido la imagen del Ecuador en el exterior y han minado la confianza de los ecuatorianos en sus instituciones judiciales. Es impostergable hacer algo al respecto. (O)

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