Por lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y por la Corte Constitucional, se nombró peritos para evaluar el cuantus económico que se tiene que pagar a muchos jubilados de la Universidad de Guayaquil a los que falta entregarles su jubilación complementaria y otros haberes.
Han solicitado estas autoridades el informe a la Universidad –que está intervenida– pero no ha respondido; al igual que nada se hizo con la glosa de 8 millones impuesta por la Contraloría en una administración de hace unos años anteriores, ni se ha investigado a exautoridades que no pudieron presupuestar los gastos generales de dicha Universidad, de la que se hicieron cargo y la llevaron a una catástrofe. Ahora la Universidad ni siquiera ha solicitado al Ministerio de Finanzas un presupuesto para suplir sus necesidades económicas como institución de estudios superiores, y ojalá haya presupuestado el monto de la deuda legal que tiene con sus jubilados a los que sus sueldos complementarios, atropelladamente fueron suprimidos, violando leyes congresiles, del trabajo y de la Constitución. Muchos jubilados
no tendremos dinero para celebrar la Navidad. (O)
Héctor J. Cisneros Arias, doctor en Filosofía, jubilado; Guayaquil