No vivir en guerra no significa que vivimos en paz. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, el daño al medio ambiente son expresiones de violencia que amenazan la paz de manera estructural y gradual, una violencia que ha contado con el aval tácito de un sector de la cultura política, jurídica y social que si no enfrentamos estaremos ante una derrota a la moral, a la justicia y a la democracia.

Fortalecer la cultura de la paz, para romper los ciclos de violencia contra el bienestar social, nos exige partir del entendimiento de la paz como un derecho fundamental. No hay paz sin derechos humanos, no hay derechos humanos sin paz; sobre esta interdependencia se crean las condiciones necesarias del desarrollo sostenible. Un desarrollo que estimule una transición del Estado, la economía y nuestra relación con el medio ambiente hacia una paz sostenible.

Un Estado de paz es un Estado de derecho. Su progresiva descentralización crea un equilibrio adecuado entre la autoridad central y la autonomía local, para gestionar con equidad la distribución de recursos públicos, lograr mayor eficiencia en el gasto y enfocar inversiones estratégicas donde la pobreza es alta y el Estado es insuficiente. Su arquitectura institucional gana legitimidad a través de un riguroso sistema de gobernanza y rendición de cuentas que fortalece la confianza Estado-sociedad. Una confianza que se refleja en un sistema de justicia que reduce progresivamente la corrupción y la impunidad. Un Estado garante de la seguridad ciudadana, donde la convivencia pacífica refleje el respeto a los derechos humanos y el ejercicio de una democracia participativa.

Una economía de paz significa crear riqueza para reducir la pobreza desde la legalidad. Un sistema productivo que integre en su cadena de valor el estricto cumplimiento de los estándares de los derechos humanos para estimular la productividad inclusiva y la competitividad digna. La necesaria aceleración hacia la inclusión financiera y de conectividad para impulsar el crecimiento económico permite equilibrar el desarrollo rural y urbano, un desarrollo que se refleje en el fortalecimiento de los ingresos a través de empleos de calidad y el estímulo de emprendimientos que potencialicen las oportunidades de la innovación activa que reclama una educación inclusiva de alta especialización. Todas estas son condiciones necesarias, no negociables, para construir acuerdos bilaterales y regionales que impulsen el comercio justo.

Un medio ambiente en paz exige la fortaleza regulatoria del Estado y la capacidad de ejecución del sistema productivo y comercial para gestionar una sostenibilidad ambiental que garantice el respeto, la protección y la reparación de los recursos naturales, así como la resolución constructiva de las tensiones socioambientales.

La transición hacia la paz sostenible es un proceso que en cada avance necesita claros resultados para ganar credibilidad social, una credibilidad que enfrenta a los mejores aliados de la violencia: la indiferencia y los perturbadores sociales, que operan desde el silencio cómplice en las papeletas electorales y la democracia participativa. (O)