Hace un año, en octubre del 2019, con la expedición del Decreto Ejecutivo 883 (luego derogado mediante Decreto 894), el presidente Lenín Moreno eliminó de un tajo los subsidios a los combustibles sin haber evaluado adecuadamente el impacto que tendría dicho pronunciamiento, pues ese documento a la postre se convirtió en la yesca que encendió la protesta social en el Ecuador, cuyo foco central de las tensiones se ubicó en la ciudad de Quito y que, ciertamente, durante once días puso en zozobra al país, comprometiendo incluso la propia estabilidad democrática.

Lamentablemente, la postura encorsetada del oficialismo y de los grupos sociales movilizados, con su cabeza más visible: los indígenas, prolongó la resolución del conflicto y con ello la acumulación de pérdidas que según el Banco Central del Ecuador se estimaron en alrededor de USD 821 millones de dólares, desagregados en USD 701 millones como afectaciones económicas (en especial en los subsectores de comercio, energía e hidrocarburos, turismo, industria, transporte, etc.) y USD 120 millones como deterioro de bienes muebles e inmuebles. Pero, sin duda, las muertes ocurridas y las personas lesionadas producto de la violencia –que provino de uno y otro lado– han dejado heridas que aún no logran cicatrizar.

No podemos soslayar que, por un lado, el régimen al haber minimizado las motivaciones de la protesta y, por otro, la falta de una mayor apertura de la dirigencia, produjo un coctel altamente incendiario que cerró las posibilidades de trabajar en un diálogo constructivo y, más bien, dio pábulo para que politicastros que abundan como kikuyo en las jardineras de la política ecuatoriana, traten de capitalizar a su favor el descontento ciudadano. En eso de conductas maquiavélicas hay quienes han tenido todo el tiempo para perfeccionar sus retorcidas estratagemas.

Quedó claro que la promulgación del Decreto 883 no tuvo esa fortaleza que reúnen aquellas decisiones que sí son previamente debatidas con las partes involucradas (le llaman democracia participativa). En este caso, ni siquiera se contó con un mecanismo de compensación para los sectores más afectados por la supresión del subsidio a los combustibles. Así entonces, en esas condiciones, lo que operó fue un principio de acción y reacción newtoniano con un vector político fuertemente explosivo.

De esta manera, octubre de 2019 nos deja lecciones importantes. En un estado constitucional de derechos y de justicia, la violencia en todas sus expresiones e independientemente de donde viniere debe ser rechazada con frontalidad, así como sancionada para evitar la impunidad. También, y sin desconocer la necesidad de focalizar los subsidios en nuestra economía (cuya característica es su temporalidad), es evidente que se debe privilegiar el diálogo pluralista, dando espacio –como expresión democrática– a todas las voces. Asimismo, hay que tener presente la idea fuerza del ‘mandar obedeciendo’, es decir, de actuar siempre en función del bien común. No todo puede reducirse a un juego de suma cero. Solo así será posible trabajar en un genuino proceso de reconciliación nacional. (O)