El 12 de octubre del año pasado, a las 23:35, la Contraloría General del Estado presentó en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía una denuncia por el saqueo e incendio de su edificio matriz en Quito, por una turba de encapuchados, en el penúltimo día de la protesta indígena, convertida en un paro nacional de once días, contra la eliminación del subsidio a los combustibles.

Un año después, se siguen realizando auditorías y tratando de determinar responsabilidades. El edificio quemado no ha podido ser habilitado para volver a funcionar, se muestra con las huellas del ataque en la fachada, mobiliario quemado y escombros acumulados. Las operaciones de la institución se realizan en dos edificios alquilados para ese objetivo.

Los presuntos delitos que se plantearon a lo largo de este año van desde terrorismo, paralización de un servicio público, destrucción de registros hasta sabotaje. Al inicio del proceso se presentaron cargos contra 27 personas; se dispuso la prisión preventiva de 14 y medidas sustitutivas para las otras 13. Posteriormente, el 15 de noviembre hubo reformulación de cargos y se ordenó la libertad de los detenidos a cambio de medidas sustitutivas, al igual que los demás. De acuerdo con un registro del caso elaborado por la Contraloría, está pendiente volver a instalar la audiencia preparatoria de juicio.

En febrero del 2020, la Contraloría presentó el reclamo a la aseguradora con la que había suscrito las pólizas de “todo riesgo de incendios”, “seguro contra todo riesgo de vehículos” y “equipo electrónico”, según la información del organismo de control.

El informe final de daños cuantificó las pérdidas en $ 13’017.568 que deben ser cubiertos por la empresa aseguradora, debido a las afectaciones sufridas en sus instalaciones. Ese monto incluye los valores para la reconstrucción del edificio matriz y el pago de los arriendos asumidos por la entidad para seguir funcionando. Sin embargo, es imprescindible que la justicia determine la autoría material e intelectual del ataque y las sancione.