Al cumplirse 10 años de la insubordinación policial del 30 de septiembre de 2010 y los actos desencadenados por un desacertado manejo de crisis del Gobierno de esa época, aún en el Ecuador no se logran dilucidar los hechos de un episodio nefasto que involucra muertes, perseguidos, procesados, sentencias, absoluciones tácitas y versiones contradictorias.
Los medios de comunicación han ido registrando lo acontecido y las reacciones surgidas al respecto.
El episodio en el que el entonces presidente Rafael Correa acudió a encarar y desafiar a los insubordinados en el regimiento policial, su permanencia en el Hospital de la Policía que algunos ministros definían como voluntaria mientras otros señalaban como secuestro, y la denominada extracción con operativo militar armado en el que hubo fallecidos y heridos, ha sido objeto de variadas interpretaciones e investigaciones, algunas desechadas posteriormente.
Con fondos públicos, desde el Gobierno se intentó posicionar la figura de un intento de golpe de Estado e intento de magnicidio. Opiniones contrarias fueron denostadas, llegando algunas a juicio, como el caso del exeditor de Opinión de este Diario, la empresa que lo edita y sus directivos por la columna titulada ‘No a las mentiras’, que versaba sobre la responsabilidad en el referido ataque al hospital.
La Asociación Víctimas del 30-S contabiliza 188 personas procesadas por la justicia con imputación por sabotaje, rebelión, intento de magnicidio, etc., condenadas hasta con doce años de cárcel. Tampoco faltaron las absoluciones.
El hecho más reciente en torno a la infructuosa investigación es el señalamiento de cinco altos oficiales retirados del Ejército como presuntos responsables de las muertes de Froilán Jiménez, Darwin Panchi y Jacinto Cortez durante el 30-S.
El Ecuador necesita que se transparente lo ocurrido el 30-S, que a cada actor se le atribuya la responsabilidad de sus acciones y que ello contribuya a que se siente un precedente de justicia y verdad. (O)
