Dentro de las muchas acciones demagógicas, y actuaciones histriónicas del pasado reciente, el exmandatario jefe de la FaRC planteó una demanda contra Chevron en las cortes ecuatorianas.

Chevron, acusado por el gobierno de la década perdida, y demandado por 9300 millones de dólares por supuesto daño ambiental, ganó el arbitraje internacional. La corte de La Haya no solamente confirmó que el laudo arbitral fue justo, sino que, y esto es lo más grave, determinó que la sentencia condenatoria de Chevron en el Ecuador fue fraudulenta, que la sentencia se elaboró fuera de las cortes (¡Vaya si Diario ELUNIVERSO no conoce de estas triquiñuelas!), y que por lo tanto fue una sentencia corrupta, y que además el gobierno ecuatoriano compró a los jueces.

No solamente que el Ecuador tendrá que pagar a Chevron, que en esta escuálida situación fiscal será otro golpe más a nuestra economía, sino que, además, la imagen del país queda por los suelos.

No se trata de perder el juicio en el más alto tribunal internacional. Se trata de lo que la sentencia implica al mencionar un esquema de corrupción judicial dirigido y patrocinado por el mismísimo Estado, por el mismísimo presidente de la República. Este es un mundo pequeño. En todos los foros y eventos del mundo empresarial y en especial petrolero se comenta y seguirá comentando que el Ecuador hizo una película fraudulenta, que luego de eso planteó un juicio absurdo a Chevron, que además de eso manipuló jueces y los compró y que tuvo la osadía inclusive de fabricar en forma totalmente ilegítima una sentencia.

Entonces, además del daño económico, está el daño moral, el daño de imagen. ¿Quién en su sano juicio viene a invertir en un país así? Y si viene, es esperando rentabilidades gigantescas, que compensen los tremendos riesgos de operar no en la selva amazónica, sino en la ley de la selva en lo jurídico.

Insisto: no hay manera de que una brillante política económica produzca resultados, sin seguridad institucional y jurídica.

El Ecuador, en todos los índices de libertad económica serios del mundo tiene una desastrosa calificación en materia de seguridad jurídica. El del Heritage Foundation da las siguientes calificaciones para nuestro país: 1.- Seguridad de los derechos de propiedad: 40,4 %. 2.- Efectividad del sistema judicial: 20,7 %. 3.- Honestidad del gobierno: 33,4 %.

Este caso reconfirma estas desastrosas calificaciones, hiere en forma gravísima la credibilidad del país y confirma que el Ecuador tuvo la peor administración de la cual tengamos memoria, en la cual el presidente de la República dijo que “él era el jefe del Estado y, como tal, jefe de todas las funciones del Estado”. Pulverizó así la esencia del sistema democrático que se sustenta en pesos y contrapesos, y en la división de poderes.

Cuando nos toque pagar, el Estado debería demandar a todos aquellos que desde el Ejecutivo y las cortes se confabularon para hacerle este terrible mal al Ecuador.

El daño hecho al Ecuador por la FaRC, Familia Revolución Ciudadana, no es que lo vamos a resolver en diez años. Recién ahí empezaremos realmente a entenderlo. (O)