Los acreedores internos presionan al Gobierno desde varios frentes. Se juntan los reclamos con la expectativa por el desembolso de 4000 millones de dólares de un crédito concedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se espera recibir entre septiembre y diciembre. Desde el Ministerio de Finanzas se responde que se está haciendo un análisis de priorización para que las personas que más necesitan sean las primeras en ser atendidas.
La falta de liquidez fiscal, acentuada por la pandemia del COVID-19, ha llevado al incumplimiento de pagos con los gobiernos locales, empleados públicos, la seguridad social, proveedores privados e incluso las devoluciones de impuesto a través del SRI, entre otros.
Militares jubilados exigen el aporte estatal para cubrir el pago de las pensiones. Por parte de los docentes, reclaman el pago de sueldos atrasados y no tener con qué cancelar el servicio de internet, indispensable para dictar las clases de manera virtual. Los proveedores privados, a quienes el Gobierno les adeuda por bienes y servicios, realizaron plantones en Quito, Guayaquil y Cuenca, en demanda de que el régimen les pague lo adeudado, pero rechazaban la posibilidad de que se lo haga con bonos internos, pues alegan que los papeles se negocian con descuento en la bolsa y eso los perjudica.
Cada día que pasa sin recibir los pagos, se acumulan las angustias.
El presidente Moreno firmó el pasado miércoles un decreto para recaudar de manera anticipada el impuesto a la renta del 2020 a grandes contribuyentes, que generaron utilidad contable durante el primer semestre del 2020 y que en el 2019 hayan reportado ingresos por más de $5 millones; se exceptúa a empresarios del sector turístico, de la actividad agrícola y exportadores habituales. Esta recaudación se la justifica con el objetivo de atender los gastos de salud por la pandemia.
Gestionar los pagos contribuirá a que quienes reciban los dineros los pongan a circular a través de pagos y compras, tan necesarios para la reactivación. (O)
