Miércoles 24 de junio de 2020. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, plantea un ultimátum a las clínicas privadas: o negocian “tarifas razonables” para la atención de pacientes con COVID-19 o se aplicará un protocolo de “expropiación a privados en caso de seguridad nacional o necesidad pública”.

Una vez que la pandemia había rebasado el sistema público de salud, la atención se centró en el privado que debía recoger a los pacientes cuyos familiares no tardaron en denunciar elevados costos por tratamientos, internamientos, aislamientos y asilamientos. Las críticas se iniciaron por el deficiente sistema estatal que obligó como último recurso a recurrir al sistema privado. Como una forma de enmendar, el Gobierno decidió transferir pacientes a clínicas privadas asumiendo los costos de atención.

“La población espera de ustedes más solidaridad. Dejen un momento de sacar cuentas y concentrarse en sus márgenes de ganancia. Es el momento de la vida”, fue el mensaje del ministro de Salud cuando, conjuntamente con el presidente Vizcarra, daba 48 horas de plazo al sistema privado para que decida un acuerdo con el Gobierno o que se atengan al artículo 70 de la Constitución que viabilizaba la expropiación privada.

El acuerdo terminó por concretarse con ajustes a la baja de más del 50 por ciento de los costos que las clínicas habían cobrado a los pacientes que no lograron ingresar al sistema público: una “tarifa plana” de 15 600 dólares (unos 55 000 soles) por cada paciente transferido del sistema estatal, sin importar el tiempo que deba permanecer ingresado.

La decisión del Gobierno de asumir los costos de atención en clínicas privadas era una especie de respuesta mínima tras los cuestionamientos al olvido de ese sector, en un país donde el crecimiento económico llegó a un promedio de 4,8 por ciento en las dos últimas décadas: una lluvia que mojó a pocos y selectos grupos peruanos. Según los índices porcentuales de gasto público en salud, con respecto al producto interno bruto, en el Perú fue del 3,2 por ciento, mientras que el de Ecuador fue de 4,2 por ciento.

La intención de repasar lo ocurrido en el vecino país no es la de quedarse en odiosas comparaciones, sino de remover un tema sobre el cual acá no hemos dicho casi nada. O nada.

¿Puede justificarse el costo de 2000 dólares diarios por el internamiento de un paciente con COVID-19 en una clínica privada de la culta, docta y apostólica Cuenca? ¿Debe el Gobierno –desentendido de los pacientes que se quedaron por fuera de la cobertura pública– intervenir en el tema de la regulación de los costos derivados de la atención a pacientes de COVID-19?

La semana pasada la comunidad universitaria despidió a un brillante docente, víctima de esta nefasta pandemia. El dolor de su pérdida deberá esperar ante la incertidumbre de reunir los casi 50 000 dólares por 16 días de fallido internamiento.

El tema indigna más cuando estalla una trama de corrupción sin límites en medio de la pandemia, con contratos que superaron el mil por ciento de sobreprecio, hospitales entregados a cambio de votos en la Asamblea y shows jurídico-políticos llenos de indolencia. De la más vil indolencia. (O)