Al Ecuador se le presentan dos oportunidades para el mediano plazo. La primera es el reciente descubrimiento de yacimientos de oro en la Sierra ecuatoriana; y, la segunda, la posible decisión de los Estados Unidos de que sus empresas se trasladen de Asia a Latinoamérica. Se trata de eventos que pueden traer inversión extranjera.

Pero hay que entender la lógica del inversionista. La estabilidad monetaria, los incentivos tributarios y la flexibilidad laboral son importantes, pero lo más importante es la seguridad jurídica.

Como dicen los profesores Chow y Schoenbaum, expertos en negocios internacionales, la mayor preocupación del inversor extranjero es que el Gobierno vaya a confiscar sus activos. El primer factor que tiene en cuenta un inversor es la seriedad de las instituciones legales del país que recibe su inversión.

A los ojos del inversor extranjero, Ecuador es un país de inseguridad jurídica. Por un lado, un sistema judicial en donde cada vez es más difícil distinguir a un juez de un criminal. Por otro lado, la beligerante relación con inversores extranjeros en los últimos años: el Ecuador desconoció sus obligaciones contractuales con Occidental, Perenco y Burlington; manipuló dolosamente los mercados internacionales diciendo que no iba a pagar bonos para luego comprarlos a descuento; y, permitió un proceso judicial fraudulento para condenar a Chevron al pago de una obscena cantidad de dinero. Este es un ambiente que provoca miedo al inversionista.

Para lidiar con el miedo de los inversores extranjeros, el derecho internacional ha concebido un esquema de dos partes. En la primera parte, el Gobierno celebra un tratado de protección de inversiones en el que se obliga a, entre otras cosas, dar un trato justo al inversionista y a no confiscar sus bienes. En la segunda parte, el Gobierno se adscribe al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) para que, en caso de diferencias entre el inversor extranjero y el Gobierno, la disputa la resuelva un árbitro neutro y no el juez del país que recibe la inversión.

El Ecuador tenía un tratado de protección de inversiones con Estados Unidos y era parte del Ciadi. La inversión que llegó en los primeros años de este siglo, entre la que destaca la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados, se debe a que existía este tratado y a que formábamos parte del Ciadi. Pero el correísmo, que hizo de la chabacanería y el capricho política de Estado, decidió separar al Ecuador del Ciadi y, luego, se denunció el tratado con Estados Unidos. El resultado es un régimen de total inseguridad para el inversor.

Durante el medioevo, los europeos escribían en sus mapas Hic sunt dracones o “Aquí hay dragones” sobre los territorios que se consideraban peligrosos.

En los mapas ya no encontramos la frase, pero el miedo a las jurisdicciones en donde la ley no se respeta sigue estando presente. Por eso, si queremos inversión extranjera que traiga capital, tecnología y plazas de empleo, es indispensable firmar un tratado de protección de inversiones con Estados Unidos y volver a formar parte del Ciadi. (O)