La información que se difunde en diversas plataformas digitales a través de internet se replica con facilidad cuando encuentra usuarios ávidos de hallar soluciones alternativas simplificadas, aunque estas carezcan de suficiente evidencia científica. Y si esta información encuentra respaldo en voces con influencia, al menos generará inquietud. Es lo que está ocurriendo respecto al planteamiento de emplear el dióxido de cloro con fines médicos como alternativa para tratar al COVID-19.
A pesar de que la evidencia de respaldo presentada ha sido cuestionada por imprecisa, recomiendan su uso asociaciones de médicos que se adhieren a la práctica de la medicina alternativa, como Comusav y Aememi, de reciente creación.
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) hace un llamado a la población en general de abstenerse de consumir el producto en el tratamiento o prevención de enfermedades, por no contar con registro sanitario y no haber sido aprobado su uso y comercialización con fines terapéuticos en seres humanos por esta y otras agencias reguladoras internacionales reconocidas, como la FDA (Estados Unidos), EMA (Europa), entre otras, debido a que no existe evidencia científica que avale su eficacia al respecto.
Por responsabilidad social, es necesario que, desde los organismos especializados y la academia, en colaboración con el Gobierno nacional y los gobiernos locales, se haga un mayor esfuerzo por explicar a la comunidad, de manera reiterada, los riesgos que encierra consumir productos que no han seguido los protocolos para ser calificados como aptos para el consumo humano. También se precisa que el ciudadano común llegue a familiarizarse con conceptos básicos que le permitan ese discernimiento.
Mientras no haya estudios concluyentes reconocidos por los organismos internacionales, la población debe actuar con la mayor cautela posible y desestimar prácticas pseudocientíficas que podrían poner en riesgo su salud. (O)
