Me parece que a la mayoría de las personas nos agradaría “regresar a la normalidad”, esto es, al modo de vivir que teníamos antes de producirse todos los cambios de rutina diaria de vida personal, familiar y social, a raíz de la implacable aparición del coronavirus que produce COVID-19.

¿La rutina diaria será igual? ¿Habrá cambios pequeños, grandes o ninguno?

Expreso mi opinión tal vez sin los suficientes elementos de juicio o encuestas de opinión, desde la lógica de mi pensamiento y fundado en los datos proporcionados en los medios de comunicación públicos y privados, incluyendo las redes sociales en las que participo, en algunas de manera intensa y en otras casi pasivamente.

Considero que la situación local, provincial y nacional de la población que, en general, estamos viviendo, es un caso típico de aquellos en que la mayor parte de la ciudadanía depende mucho de lo que conocen, analizan y deciden “los demás”.

Aunque, pensándolo bien, como que lo mismo ocurre siempre, incluso cuando vivimos la llamada “normalidad”, esto es, cuando los funcionarios nacionales, provinciales, cantonales o parroquiales que elegimos, mediante el sufragio, deciden por nosotros la administración de los bienes y recursos públicos, incluso sin que nos demos cuenta del porqué, ni del cómo, ni del cuándo, salvo que ellos, los administradores públicos, se dignen informarnos o existan reacciones ciudadanas que lleven a conocimiento general lo que ocurre, generalmente gracias a los medios de comunicación social, cuando estos cumplen adecuadamente su rol.

¡Qué importante es la comunicación! ¡Qué importante es la educación! ¡Qué importante es que la comunicación coadyuve a la educación! Deberían constituir un binomio de eficiencia, imparable, insuperable.

Debo reconocer que, desde hace varios años, el comportamiento del personal directivo, administrativo y de servicios de los organismos e instituciones públicos ha venido siendo reglado por normas de conducta expresadas en sendos Códigos de Ética, muy similares pero adaptados a las exigencias de cada organismo o institución de ese sector. La investigación que no he podido realizar es si se cumplen, y de qué manera, las normas relativas al control del apego de los servidores públicos a esas normas. ¡Ah! Si todavía ejerciera la cátedra de Derecho Administrativo, ya hubiera entregado a cada uno de mis alumnos el Registro Oficial pertinente para que verifiquen el grado de cumplimiento de las normas previstas en dichos códigos y expresen sus observaciones, conclusiones y propuestas.

¿Cómo será el ambiente laboral que nos espera a los octogenarios, luego de la terminación del periodo de cuarentena generada por la CIVID-19?

¿Tendrán consideraciones particulares por nuestra vulnerabilidad? ¿Seremos considerados peligrosos? ¿Habrá tratos preferenciales, como columnas de espera especiales para ancianos? ¿La normalidad que se viene será muy diferente a la que existía antes de la COVID-19? ¿Habremos aprendido y cumpliremos las lecciones de conducta social que favorecen la higiene y la salud individual y colectiva? ¿Nos preocuparemos de los demás? ¿Cuál será la normalidad que nos espera? ¿Sería tan amable en darme su opinión? (O)