“El distanciamiento físico o distanciamiento social es un conjunto de medidas no farmacéuticas de control de las infecciones, con el objetivo de detener o desacelerar la propagación de una enfermedad contagiosa.”
No, estimado lector. No vengo a abordar, aquí y ahora, anacrónicamente el tema de la importancia del distanciamiento social en tiempos de coronavirus. Vengo a tratar ese otro distanciamiento social que el actual Gobierno ejerce sobre la administración del espacio público y de las instituciones de lo público, como el sector salud.
Porque innegable es todo el distanciamiento social que han mostrado Moreno y morenistas sobre un sistema de salud pública que incluso antes de la pandemia del coronavirus desatendió el bienestar común con decisiones como terminar los convenios que permitían la permanencia de 400 médicos cubanos especialistas, en el momento que explotaba la pandemia en el mundo. Justificable sería la decisión si es que el Gobierno hubiera reemplazado esas plazas con médicos ecuatorianos, tal como lo ofreció María Paula Romo en su momento.
La evaluación al sistema público de salud, inmerso de lleno en una política de distanciamiento social, ya lo advertía: “En el 2017 el Ecuador tuvo la peor cobertura de salud en América Latina. Fue resultado de una caída del 25 % de promedio en las vacunas, que empezó en el 2009 y culminó en el 2017. A la par, ese modelo que crea y atiende enfermos crónicos permitió que enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y cáncer adquieran ribetes de epidemias”. Es la sumilla con la que la publicación en línea Plan V presentó una investigación a la que tituló “El sistema de salud en el Ecuador es una fábrica de enfermos”.
El distanciamiento no quedó allí. La liberación del precio del diésel y la gasolina extra y ecopaís, la renovación de contratos ocasionales con 20 % menos de remuneración, el despido de 23 000 burócratas, la reducción de vacaciones para empleados públicos de 30 a 15 días al año, “exceptuando a la fuerza pública”, la aportación de un día del salario cada mes a los trabajadores públicos, que los empleadores incrementen aporte mensual en la seguridad social en 2 % para nuevos trabajadores, dinero que iría al IESS “o a fondos privados”; también fueron otra forma de distanciamiento social. La consecuencia de tan solo haberlo anunciado, la noche del uno de octubre anterior, fue: 8 ecuatorianos muertos, 1507 ciudadanos heridos –435 de ellos policías–, 1192 detenidos y 13 días de paralización. Distanciamiento social que llevó a incrementar en varios millones de dólares las compras para Policía y Ejército.
¿O acaso se puede negar ese otro tipo de distanciamiento que nos ha mostrado el coronavirus en ciudades como Guayaquil, y que se puede definir como inequidad social? Cadáveres abandonados en casas y calles, expuestos en redes sociales, pero negados al más alto nivel, como lo hizo el embajador de Ecuador en España, Cristóbal Roldán, en la televisión pública de ese país, y por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en la CNN. Distanciamiento social.
La mejor forma de vencer al coronavirus indiscutiblemente es el distanciamiento social físico; pero también hay que derrotar ese otro distanciamiento social de un gobierno indolente. Tarea poscoronarivus.
(O)
