Es una tradición política garantizar derechos. Los gobernantes que cambian constituciones o leyes, por ganar popularidad y sin mayor estudio previo, intentan aumentar la cantidad o el alcance de derechos que les son reconocidos a los ciudadanos.

Entre estos derechos que ahora parecen de indudable obligación estatal se encuentran la salud, educación, vivienda, libertad de expresión, propiedad privada, etc. La mayoría de ideologías coinciden en recogerlos y reconocerlos en sus leyes, pero pocas son las que pueden realmente brindarlos.

La antigua Unión Soviética o Cuba pueden servir de ejemplos de países que prometían asegurar ciertos derechos, pero que en la práctica no lo pudieron hacer. En nuestro país, la Constitución dice textualmente que es un deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos, como educación, salud, alimentación, seguridad social y el agua. También se reconoce que tenemos derecho a una vivienda adecuada y digna, con independencia de nuestra situación social y económica.

Todo lo anterior suena muy bien, pero hasta ahora sigue siendo una fantasía. Estos derechos son, en realidad, bienes económicos que cuestan mucho dinero. Tanto la salud como la educación, por ejemplo, demandan recursos para pagar profesionales, implementos, infraestructura, servicios básicos, entre muchos otros que permiten brindarlos a quienes los necesitan.

Si pensamos un poco más allá de lo que nos hace creer el Estado, la lógica detrás de estos derechos es que alguien los paga y que benefician principalmente a quienes no contribuyeron. Muchos pagamos impuestos para que aquellos que no pueden por sus propios medios accedan a salud o educación pública. Si los ecuatorianos creemos que tenemos derecho a la salud gracias al Estado, estamos muy equivocados. Es un derecho que todos pagamos. Esa es la realidad económica.

En números se hace más evidente la importancia de los recursos en la protección de los derechos. Nuestro país destina apenas el 2,7 % del producto interno bruto (PIB) al sistema de salud, mientras que los países desarrollados, como los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en promedio destinan el 7,8 % de su PIB.

No se pueden garantizar muchos derechos si no hay forma de financiarlos. Ese es el problema actual de Ecuador, hay derechos que son muy importantes pero no hay el dinero para brindarlos con calidad. Muchos factores contribuyen a esto, como la corrupción, la ineficiencia, pago de la deuda, subsidios y las muy malas políticas públicas que limitan el crecimiento de los sectores productivos.

El crecimiento y la prosperidad de un país no dependen de la gran cantidad de gratuidades de un gobierno ni tampoco de la mayor intervención estatal. Necesitamos libertad para que cada persona tenga más dinero en su bolsillo y pueda solventar sus necesidades. El Estado debe gastar y administrar eficientemente. Ojalá nuestros gobernantes aprendan a usar los recursos públicos tan cuidadosamente como usan los suyos. (O)