Evo Morales, asilado en México, ansía retomar el poder que mantuvo por trece años, característica compartida con otros líderes del socialismo del siglo XXI; para impedirlo salen a la luz declaraciones que captan la atención de los medios.
El ministro de Gobierno de Bolivia recientemente denunció que Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Chapito, hijo del narcotraficante Chapo Guzmán, recibió protección del expresidente Morales. Fueron ignoradas 16 solicitudes de extradición desde Brasil por narcotráfico. En cambio, al Chapito se le otorgó una credencial provisional de ingreso a la Asamblea y tomó clases de pilotaje aéreo en Bolivia en 2016, al igual que su hermano Alfredillo, en 2011, buscado por la DEA.
El director nacional de Migración ha dicho escuetamente que el sistema de control migratorio “no se encontraba conectado al de Interpol”.
Son muchas las pistas que dan cuenta, en la región, de cómo el narcotráfico logra hacer conexiones dentro de los organismos de control y poder político para favorecer sus actividades. El dinero y las amenazadas surten efecto, pero una vez que la trama es expuesta, solo cabe que fiscales y jueces actúen en apego a su deber. (O)
