En los días de violencia que vivió el país, cuyos protagonistas fueron los indígenas, se publicó un manifiesto que señalaba: “En ejercicio de nuestro derecho a la autodeterminación y nuestra autoridad para la administración de justicia en la jurisdicción de los pueblos y nacionalidades. La Conaie declara estado de excepción en todos los territorios indígenas. Militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a la justicia indígena”, algo que resulta verdaderamente insólito. Declarar el estado de excepción, de acuerdo con la Constitución que nos rige, es una atribución privativa del presidente de la República.

Entre los derechos que les asisten a las nacionalidades indígenas, de acuerdo con lo aprobado en la Constitución de 2008, se estableció en el art. 57, numeral 20: “La limitación de las actividades militares en sus territorios de acuerdo a la ley”, por lo tanto, nuestras Fuerzas Armadas no tienen el derecho ni la libertad de intervenir en “sus” territorios. Este “derecho” vulnera la soberanía y la seguridad del Estado ya que se corre el riesgo de filtraciones de bandas criminales, guerrilleros, narcotraficantes, etc.

El presidente de la República había capitulado (dejando insubsistente el Decreto 883, sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles) ante la embestida que ese coctel mortal (indígenas, maleantes, subversivos, las maras criollas, Correa, etc.) le había infligido al país y muy especialmente a la capital. En la noche del domingo 13, teniendo como mediadores al representante de la ONU y de la Iglesia católica, se sentaron frente a frente los “contendientes”, era evidente que los dirigentes de los vencedores se dirigían a los presentes y a la teleaudiencia envalentonados.

Ahora, la percepción es que hemos caído en el tutelaje de la dirigencia indígena. Ellos creen que deben discutir y decidir en el seno de la Conaie y exigir que el Gobierno cumpla con sus demandas, la pregunta lógica es: ¿para qué están las instituciones del Estado y el gobierno constituido?

Aunque parezca insólito, el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, hizo un llamado a la creación de un “ejército propio” del movimiento indígena: “Vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria, tenemos que hacer nuestro propio ejército, que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades”; y agregó: “Esta declaración nace de nuestro derecho a la autodeterminación y es parte constitutiva del pluralismo jurídico, para vigilancia, control, alarma, protección y defensa de nuestros territorios y comunidades”.

La autodeterminación es un principio de Derecho Internacional reconocido por la mayoría de los estados del mundo, que garantiza el derecho del pueblo, del Estado soberano para decidir por sí solo, sin intervención extranjera, el sistema económico, social y político de su conveniencia. ¿Qué tal?

¿Acaso la Constitución y las leyes que rigen en nuestro país no cuentan para los indígenas? El COIP, en su art. 349, señala: “Grupos subversivos.- La persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas, destinadas a subvertir el orden público, sustituir las fuerzas armadas y policía nacional, atacarlas o interferir su normal desempeño, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.

Los “poderosos” dirigentes de la Conaie han enviado al FMI su propia “Carta de intención”, señalan que representan a 18 pueblos indígenas, 15 nacionalidades, 52 federaciones provinciales y 10 000 comunidades en todo el país. ¿Quién representa a 24 provincias, 221 cantones y 1499 parroquias; es decir, a 16 millones de ecuatorianos? (O)