No es fácil la situación que ha atravesado el Ecuador en los últimos días. He decidido comenzar este artículo, en el que explicaré mi posición, rechazando la violencia, que en esta ocasión ha venido de individuos plegados al paro nacional y desde el Estado. Y si bien no estoy de acuerdo con la posición ni conducta beligerante de las agrupaciones de transportistas, empiezo por condenar la violencia estatal, que al ser desde el poder es más brutal. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación, pues esa violencia está registrada en una gran cantidad de videos: agentes del Estado dando palizas a periodistas, atropellando con una moto a un manifestante, y ejerciendo una represión que ha dejado heridos. Los derechos humanos son el límite para el uso de la fuerza y son el tema que más grande le ha quedado al régimen.

Dos son las sensaciones que me generan las medidas económicas. Una, abiertamente negativa. Me refiero a la regresión en derechos laborales en perjuicio de los trabajadores del sector público, y de la clase obrera en general, obligada injustamente a pagar las cuentas que dejan un despilfarro de 10 años, mientras los culpables farrearon a lo grande y siguen gozando del dinero de la corrupción. En esta ocasión, sin embargo, quisiera referirme a la medida que sí respaldo y que, pese a que será muy dolorosa, considero necesaria e inevitable: la eliminación de los subsidios al combustible.

La crisis económica ecuatoriana no se comprende sin el contexto: en los 10 años de su gobierno autoritario y corrupto, Rafael Correa basó su modelo económico en el despilfarro, el extractivismo más salvaje y la hipoteca de nuestro petróleo a la China por muchos años (los contratos no fueron transparentados ni siquiera para los legisladores). Prometió cambiar la matriz productiva del país y dejar de depender del petróleo, no lo cumplió. Por el contrario, se farreó la bonanza petrolera más grande de nuestra historia. Ni siquiera cabe que recuerde el dinero perdido en corrupción, sobreprecios o elefantes blancos que jamás sirvieron, como la nunca realizada Refinería del Pacífico (en la que se invirtió mucho más de 1.000 millones, para aplanar el terreno).

La necesidad de tomar medidas, en esta ocasión, no tiene tanto que ver con la presión del Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, como del sentido común. El Estado inmenso, heredado por Correa y sus secuaces, era imposible de sostener frente a la disminución del precio del petroleo, y la recesión que se siente en todos los ámbitos de la vida económica. En ese contexto, eliminar el subsidio al combustible era urgente. Primero, porque no es justo que alguien más (que en el fondo eramos todos, con nuestros impuestos) pague por el combustible que cada uno consume. Segundo, porque esos subsidios no beneficiaban a los grupos más vulnerables, sino también a los que no los necesitaban y que tenían gasolina barata para sus carros de marcas caras, por lo general más de uno.

Un poco de historia: los subsidios a los combustibles los instituyó la dictadura en los años setenta. Fue una medida populista, en el boom petrolero, para comprar el favor del pueblo. Actualmente, este subsidio cuesta aproximadamente 1.300 millones de dólares anuales del presupuesto del Estado. En el Bono de Desarrollo Humano, un programa que sí está destinado a los más vulnerables, se invirtió una cifra bastante inferior en el 2018, 644 millones. Para tener una idea del tamaño del gasto en los subsidios a combustibles, pensemos que la inversión en Salud fue de 2.882 millones el año pasado. ¿En verdad creen que esos 1.300 millones de subsidio no pueden ser destinados de mejor manera?

Desde el retorno a la democracia se ha cuestionado el mantenimiento de esos subsidios, pero ningún gobernante, por el costo político, se ha atrevido a tocarlos. De hecho, los transportistas se convirtieron en una especie de casta, absolutamente privilegiada, que chantajeó a todos los gobiernos con la amenaza de paralizar al país, y que se ha creído intocable en todos los aspectos de su actividad: han cometido impunemente delitos en las vías, son incapaces de prestar un buen servicio y un sector específico del transporte, el de los taxis, han atacado con violencia a los conductores de las plataformas digitales que prestan un mejor servicio. No es justo.

Pienso que gran parte del país está de acuerdo con la liberación de los precios de los combustibles y ya no podemos ceder al chantaje y a la violencia de los transportistas que buscan caotizar al Ecuador para no perder sus privilegios. La deshonesta y populista posición de los principales líderes socialcristianos, Cynthia Viteri y Jaime Nebot, que en este tema coinciden con el criminal Nicolás Maduro, sólo confirma que la medida es correcta. No seré yo, un crítico del régimen, el que defienda medidas adoptadas por Moreno, muchas de las cuales las considero inconstitucionales, pero sí creo que la eliminación de los subsidios constituyen medidas, más que de ajuste, de sobrevivencia al largo plazo. Acostumbrarnos a sus consecuencias será doloroso en una primera instancia, son horas difíciles. Quizá la lección es no dejarnos llevar por el populismo que, de izquierda o de derecha, es incapaz de ser responsable con nuestros recursos. Por eso no debemos olvidar quiénes causaron esta crisis y lo bien que viven, mientras pagamos los platos rotos de su farra. (O)