En el auge y esplendor del populismo mesiánico inspirado en el chavismo, los socialistas románticos amontonados y guiados por Rafael Correa crearon la famosa Función de Transparencia y Control Social. Algo parecido al Poder Ciudadano de la Venezuela de Hugo Chávez, o a la Función de Control de Evo Morales en Bolivia. Quizá también hechizados por el famoso Poder Popular de la Cuba de los hermanos Castro. Así, surgió ese esperpento del CPCCS, dizque encargado de promover la participación, controlar el poder, garantizar la transparencia y designar las autoridades de control.

Pero en realidad sucedió todo lo contrario. Pretendieron estatizar la participación, mientras perseguían a las organizaciones sociales y criminalizaban la protesta social. En vez de controlar y limitar al poder, formaron parte del poder omnímodo y absoluto. No lucharon contra la corrupción, archivaron las denuncias y las cubrieron con el manto de la impunidad. Designaron en todos los órganos de control a seguidores incondicionales del jefe, pasando estos, en su mayoría, a ser parte de una desaforada pandilla.

Rafael Correa, palabras más, palabras menos, repetía la frase del monarca Luis XIV: El Estado soy yo, al decir con burlesca desfachatez, que siendo jefe de Estado, era también el jefe de todos los poderes del Estado. Expresión nítida del testimonio inequívoco del poder absoluto en manos de un individuo, con profundos gestos de egocentrismo, delirio de grandeza y resentimiento social.

El presidente Lenín Moreno, consciente del descrédito y carencia de legitimidad del CPCCS, convocó a la consulta popular del 4 de febrero de 2018, para que los ciudadanos decidiéramos el cese del periodo de sus miembros, todos pertenecientes al batallón del saqueo y demolición correísta, y se procediera a sustituirlos por un nuevo Consejo transitorio. Este será presidido por Julio César Trujillo, portador de enorme testimonio, autenticidad y probidad moral. Evaluaron a las autoridades de control, anticiparon la terminación de sus periodos, apalancando en parte la frágil y devorada institucionalidad. No obstante, que en dicha consulta se decidió la futura elección por sufragio universal; una corriente cada vez más sentida aboga por la supresión.

A sabiendas de que el adefesio del CPCCS, que responde al modelo de los viejos totalitarismos de hegemonía total y exclusión y a las nuevas dictaduras del siglo XXI, debería ser eliminado, estamos convocados a elegir a sus miembros. Triste contradicción de un país atrapado, entre el laberinto y el desencanto, luego de la deriva autoritaria.

¿Qué le queda a la ciudadanía que tiene el derecho de sufragar? Siendo el voto libre hay varias opciones: 1) permanecer indiferente y abstenerse, pero se necesita el papelito. 2) Votar, y no elegir, dejando la complicada papeleta en blanco; pero se corre el riesgo que algún comedido, que los hay, la llene a favor de alguien o algunos. 3) Votar a favor de las siete personas de las 43 candidaturas y según el instructivo del CNE, donde si bien hay algunas personas bien intencionadas, hay desconocidas y otras de dudosa probidad. Ese voto será afirmativo y válido, con lo cual, se acepta el proceso, consintiendo y apoyando la existencia de un órgano perverso y nocivo para la democracia. Sería legitimar la cooptación de la participación ciudadana y la estatización de la sociedad civil.

Queda una cuarta opción, la de anular el voto, en expresión libre de la indignación y el rechazo. Una huella de protesta y dignidad. Un masivo voto nulo de condena a un régimen que durante una década destruyó todo lo que encontró a su paso. Con una avalancha de votos nulos se presionaría la convocatoria a una consulta popular, que desaparezca una institución perversa y pervertida.

Se afirma que el voto nulo carece de eficacia y validez formal. Que es un voto estéril e infecundo, a la hora de calcular los válidos. Puede ser que sea así. Pero, un voto por alguien solo favorece a una institución repudiable. El voto nulo, en esta circunstancia concreta, se constituye en la expresión más coherente de rechazo para deslegitimar lo oprobioso; y útil para acercarnos a una consulta popular que elimine de una vez y por todas tan insana institución. (O)

* Jurista, político