El anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, y demás organismos multilaterales, con líneas de financiamiento por 10.279 millones de dólares en los próximos tres años, es el punto de quiebre de la gestión económica del Gobierno.

Hay que entenderlo no como un fin en sí mismo sino como un medio para estabilizar la economía permitiendo que en el mediano plazo se recuperen tasas de crecimiento que mejoren las condiciones de vida de la población.

La agenda que continuará ordenando la economía, con sacrificio y disciplina, es de responsabilidad exclusiva de los ecuatorianos. El Fondo podrá supervisar el cumplimiento de metas en la reducción del tamaño del Estado, del déficit fiscal, de racionalización de subsidios, etcétera, pero, al final de cuentas, las autoridades decidirán de conformidad al interés común.

No faltarán los fariseos que se rasguen las vestiduras clamando por las supuestas imposiciones y la pérdida de soberanía ante los prestamistas. Es previsible que en primera fila se agolpen los correístas, que, por lo demás, bien sabemos, son los únicos responsables del dispendio y corruptelas que nos ha conducido a esta virtual quiebra. Van a tirar la primera piedra, pero terminará rebotándoles como bumerán.

La noticia de que con los desembolsos programados ya no será necesaria la colocación de bonos es positiva y elimina un factor de presión que permitirá volcar la atención a otros frentes. Y, entretanto, los 1.000 millones de dólares que recientemente se obtuvieron de este modo podrían ser destinados a la cancelación de cuentas a acreedores del Estado, que incluyen a municipios y universidades por concepto de IVA retenido.

Significará una inyección de liquidez que paliará la desaceleración de los depósitos y reactivará el otorgamiento de crédito por parte de la banca.

El programa de ajuste debe tener como prioridad la sostenibilidad fiscal. El Plan de Prosperidad compromete una reducción de 800 millones de dólares en sueldos y salarios, bienes y servicios, durante el presente año; pero en el trienio la meta tiene que ser más ambiciosa para lograr el déficit primario cero y que la deuda pública vuelva a niveles por debajo del 40 por ciento del PIB en 2021.

La calidad del gasto demanda una reingeniería. No necesariamente más maestros, más salubristas y más policías son garantía de una mejora cualitativa/ cuantitativa de servicios básicos. Para tal fin, el BID va a brindar una asesoría que permitirá optimizar la nómina, sin lugar a duda, abultada y poco eficiente.

La reforma laboral es también urgente. Se necesita crear nuevas modalidades de contratación que tiendan a facilitarla, no a impedirla, tal como sucede. El preocupante deterioro de los indicadores del empleo obliga a actuar abatiendo paradigmas.

Por otro lado, la reforma tributaria ha sido presentada como una iniciativa de “racionalización” que no entraría a debate sino hasta final del año. Nadie duda de que debe darse una simplificación de impuestos, pero de ahí a considerar un posible incremento de dos puntos del IVA es otro debate. Eventualmente, tendría que considerarse una compensación eliminando el ISD.

El mayor desafío del Gobierno será de ejecución toda vez que requerirá del apoyo de la Asamblea Nacional, donde tal respaldo es precario. La aprobación de la Ley de Fomento Productivo II, que reformará una serie de leyes sectoriales, será una prueba de fuego. Lo sucedido con la insistencia del artículo 98 de la LOC, donde ninguno de los asambleístas del oficialismo apoyó el veto presidencial, encendió la alarma. (O)