El juicio a Sócrates, en el que se lo condenó por despreciar a los dioses e introducir nuevas deidades y por corromper la moral de los jóvenes de su sociedad, así como los procesos contra Jesús, que en su versión judaica termina con una condena por contrariar las sagradas escrituras y en la romana, por subvertir el orden público y cuestionar el poder de Roma nos muestran que desde la antigüedad el pensamiento diferente fue especialmente odioso para el poder, al punto de enfilar contra quien lo proponga, en la versión que fuera del poder punitivo.

Caso especialmente claro fue la Inquisición, que, a base de la concepción de hereje (hairetikos) propuesta por Pablo en su epístola a Tito 3:10, construyó toda una estructura de persecución a quien pensare diferente y más aún a quien difundiera estas ideas, que de alguna forma pudieran “envenenar” la mente de quienes las leyeran o escucharan. Los relatos de las torturas y horrores cometidos por los inquisidores en la persona de sus víctimas son buen ejemplo de lo que puede hacer el poder para callar al pensamiento diferente y de la homogenización de los conceptos, como ideal a seguir por quienes han soñado siempre con mantener a una masa sojuzgada y sometida.

El derecho a pensar y comunicar, de informar a los miembros de una sociedad y brindar a sus diferentes lecturas de uno o varios eventos ha sido materia de discusión y restricción desde hace mucho y hoy el debate se mantiene vigente. La posibilidad de expresar ideas y puntos de vista, ahora por medios convencionales y digitales, sigue siendo cuestionada y reprimida por aquellos que, desde una perspectiva autoritaria de ejercicio del poder, consideran que el disenso y el cuestionamiento son formas de horadar su modelo ideal de gobierno.

Dentro de este orden de ideas, el que un gobierno decida limitar su poder sobre quienes analizan y opinan respecto de sus ejecutorias es sin duda un ejercicio de democracia, bastante infrecuente en estos tiempos y estos pagos (acepción de la palabra que connota lugar o sitio, de acuerdo con la definición de la Real Academia). Lo que hemos vivido en los últimos diez años es buena muestra, pues tanto medios como periodistas fueron perseguidos e incluso procesados penalmente por exponer criterios, que en su momento fueron considerados por los dueños del poder estatal como peligrosos.

La obligación de rectificar caricaturas como en el caso de Bonil, de pedir disculpas y reconocer haber faltado a la verdad, como en los casos de varios medios de prensa y televisivos e incluso el procesamiento penal de periodistas, como en el caso de Emilio Palacio o Fernando Villavicencio, son ejemplos de la forma en que medios y periodistas fueron objeto de persecución en la denominada “Década Ganada”. Yo mismo sufrí el escarnio público en varias ocasiones, por ejercer mi derecho a pensar y expresar mis ideas, tanto en sabatinas como en innumerables enlaces ciudadanos, en los que la maquinaria publicitaria revolucionaria hizo hasta lo imposible por menoscabar mi credibilidad e imagen. Quienes continuamos en nuestro necio intento de comunicar, por fuera del encorsetamiento impuesto por el poder gubernamental, tuvimos que enfrentar a hordas digitales bien remuneradas, que en cargamontón dirigían su gestión a calumniarnos e imputarnos falsas cualidades negativas. El insulto y la difamación era moneda de pago diaria en redes sociales, para aquellos que osábamos denunciar los atracos a fondos públicos y la forma atrabiliaria en que se vulneraban derechos humanos día a día. Algunos, como el general Jorge Gabela, pagaron con su vida semejante despropósito para un poder que consideraba su actuar como modelo ético social.

Es por todo lo expuesto que la suscripción de la Declaración de Chapultepec por parte del Estado ecuatoriano debe saludarse desde todo estándar democrático y de respeto a los derechos de comunicación e información. Este instrumento de protección de derechos, adoptado por la conferencia hemisférica sobre libertad de expresión celebrada en México DF el 11 de marzo de 1994, entiende a la democracia y a la libertad como un binomio indisoluble. Una sociedad libre solo es posible desde esta perspectiva, desde la circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, como se señala en el preámbulo de la declaración mencionada.

La incorporación de los principios contenidos en dicha declaración a nuestro ordenamiento jurídico conlleva, sin duda, una protección adicional y necesaria al ejercicio de pensar y expresar ideas. Un dique al autoritarismo, siempre afecto a limitar la voz de quienes dicen aquello que al poder ensimismado y autorreferente, molesta e incomoda. (O)

Una sociedad libre solo es posible desde la circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, como se señala en el preámbulo de la Declaración de Chapultepec.