Empresa es la unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. Para su operación, necesita de diferentes activos que pueden ir desde los financieros en las teorías clásicas hasta los humanos en las nuevas tendencias de concepción empresarial. Existe una gran diferencia entre las empresas privadas y las empresas públicas (EP), y radica en el rol social que debe desempeñar un Estado en pro del buen vivir de sus ciudadanos.

Buscando mayor eficiencia en el perfeccionamiento del andamiaje estatal, se dividió al mismo en el sector de la comunicación, los sectores estratégicos, el sector de la producción y el sector de la urbe-gestión. Cada uno de ellos tendría sus EP respectivas, obligadas a obtener excedentes que ayuden a aliviar la carga fiscal en algunos casos. La creación de estas empresas se sustenta en el mandato de la Constitución, el cual establece que el Estado constituirá EP para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. No obstante, con el transcurrir del tiempo, la corrupción, el mal manejo de los fondos y los recursos llevaron a tener balances negativos en la contabilidad de las mismas.

Entonces, el Estado empezó a proveer fondos para garantizar la operación y liquidez de empresas que trabajaban a pérdida, en parte por el crecimiento desmesurado de la carga laboral. Luego del 2017, con el agudizamiento de la crisis financiera y social, se conocía que se debía reducir el andamiaje estatal, pero dicho proceso debía ser menguado con la creación de nuevas empresas, que permitan integrar a la mano de obra productiva que dejarían las empresas estatales como método de saneamiento de las EP. Este balance permitiría a la vez empezar un proceso de crecimiento industrial, técnico y administrativo hacia nuevos modelos de negocios que integren al país con la realidad socioeconómica de al menos el continente.

Al 2018, esta idea se transfigura en la concesión y privatización de sectores y EP denominadas estratégicas, lo que conllevará a agudizar los índices de desempleo y subempleo, y por ende reducir los ingresos de la clase obrera, la que se verá afectada por esta medida en conjunto con el alza de los precios de la gasolina y los gastos asociados que conlleva. El oligopolio y el mercado son las salidas a la crisis estructural que nos aqueja, pero para aquello hay que traer inversión nueva, que permita competir y brindar servicios eficientes. No se trata de vender o alquilar la infraestructura estatal, sino de traer nueva tecnología a manera de inversión, con personas que estén fuera de las esferas de poder, con procesos transparentes que mejoren la condición laboral.

Bajo esta premisa, y en conjunto con la cirugía mayor a la corrupción, el Estado recuperará su idoneidad para la inversión privada, con base en mandatos claros y leyes que permitan obtener beneficios al país y a los inversores, simplificados en procesos eficientes que no releguen a la pobreza al pueblo ecuatoriano. (O)

* Docente investigador.