Un polémico, por ligero y poco serio, portal de “noticias en red” ha puesto en duros aprietos al presidente Lenín Moreno: el martes, justo cuando sus ministros anunciaban el alza de los combustibles y la Asamblea Nacional aprobaba las reformas a la Ley de Comunicación –que permite que los dueños de medios se reasignen “por una única vez” la concesión de frecuencias de radio y televisión, entre otras concesiones– filtraban un audio de 45 segundos en el que, representando al Estado, el mandatario lamenta y se desvincula de la suerte de tres empleados –un conductor, un fotógrafo y un periodista– de diario El Comercio secuestrados por un grupo armado vinculado con el narcotráfico en Colombia.

Quizá fue el caso más sonado de un secuestro de un equipo periodístico: el 26 de marzo de 2018, el periodista Javier Ortega Reyes (de 32 años), el fotógrafo Paúl Rivas Bravo (de 45 años) y el conductor Efraín Segarra Abril (de 60 años) fueron retenidos por los hombres de Walter Patricio Arizala, alias Guacho, disidentes de un grupo guerrillero. El viernes 13 de abril Moreno confirmaba que habían sido asesinados, tres días después de que las fotos de los cadáveres circulaban profusamente en redes sociales.

La cuestionable acción del portal queda opacada por la temeraria intervención de Moreno, ahora ya pública, presuntamente en uno de los tres Consejos de Seguridad Pública y del Estado convocados por el caso del secuestro. Así, con esta lógica morenista, los ciudadanos no estarán nunca sobre la “dignidad del Estado”.

Moreno, entonces, deberá finalmente asumir las responsabilidades de su cargo y de sus actos, una situación evidentemente nueva para él cuando se ha mostrado totalmente ausente de las decisiones importantes que involucran a los más representativos sectores de la política ecuatoriana. Una dolorosa prueba que lo sacará de esa burbuja en la cual quería mantenerse al margen de la suerte de un país que, medio en serio y medio en broma, “le importa un bledo”.

Nueve muertos en total ha dejado el conflicto en la frontera norte, además de tres detonaciones de bombas en poblaciones civiles, solo de los relacionados con alias Guacho. Y todos tienen la misma gravedad que la del equipo periodístico: los familiares de las víctimas (civiles y militares) requieren ineludiblemente de un baño de transparencia y verdad sobre lo que este Gobierno entiende como política de Estado y ciudadanía.

Un mal cierre de año, un pésimo cálculo político en vísperas de un periodo de ralentización, de distracción de la que pensaban saldrían bien librados: las redes sociales se han “calentado” ya bastante, dejando en un segundo plano los regalos navideños y la naciente efervescencia política por las próximas elecciones de autoridades seccionales.

Moreno tiene una enorme deuda con los ecuatorianos y debe explicar todo lo que no esté claro, a cualquier precio. Los responsables deben comparecer ante la opinión pública, porque intentar sostener el silencio aupados por una dudosa “seguridad del Estado” ya no los sostendrá más como actores políticos.

La memoria de las nueve víctimas, las tareas no hechas a tiempo, las responsabilidades olvidadas sobrepasarán a estas fechas festivas, y de seguro empezarán a calentar las calles como signo del 2019.
Sí, licenciado Moreno, ahora no solo nos faltan nueve. Nos falta la verdad. (O)