La democracia contemporánea es fundamentalmente representativa. Si bien se complementa con formas de participación directa de la ciudadanía, que son esenciales para su fortalecimiento y para asegurar la responsabilidad de las autoridades, ella descansa principalmente en la elección de representantes. Por ello, el sistema electoral es uno de los elementos sustanciales del ordenamiento político. Más allá del episódico acto de votar, que constituye la parte más visible, ese sistema tiene un conjunto de componentes que influyen sobre los resultados de las elecciones y condicionan el grado en que se pueden ejercer los derechos políticos. Si son adecuados y si su combinación está orientada hacia objetivos democráticos, esos componentes asegurarán la vigencia de la igualdad ciudadana. Si están mal diseñados y apuntan en diversas direcciones, distorsionarán o incluso negarán la posibilidad de esa igualdad.

El sistema electoral ecuatoriano es uno de estos últimos. Tiene por lo menos cuatro elementos que lo convierten en un cuerpo nocivo para la democracia. El primero es la votación por personas en listas abiertas, que personaliza la representación, distorsiona la proporcionalidad, debilita a las organizaciones políticas, impide la conformación de bloques responsables y estables en los organismos correspondientes (especialmente en el Legislativo) y cierra la posibilidad de toma de cuentas por parte de los representados. Son demasiados defectos como para cerrar los ojos ante la necesidad de cambiarla.

El segundo es la utilización de distritos pequeños para la elección de asambleístas. Acudiendo a la argucia que se denomina gerrymandering, las autoridades electorales dependientes del Ejecutivo dividieron las provincias grandes en distritos pequeños. Con ello se aseguraban algunos escaños adicionales para su partido, sin importarles los efectos negativos en la proporcionalidad y la representatividad. De los 137 integrantes de la Asamblea, solamente 16 se eligen en dos distritos mayores a 6 escaños, en tanto que los 122 restantes provienen de distritos de hasta 5 puestos, en los que es imposible que haya proporcionalidad. Esta es la principal causa para que un solo partido, sin votación mayoritaria, pueda obtener todos los escaños en una provincia. Al combinarse con la fórmula de asignación de escaños, que es el tercer factor, se producen las distorsiones que se han presentado en las tres últimas elecciones. Pero, incluso con fórmulas menos concentradoras, la utilización de distritos pequeños seguirá siendo un elemento distorsionador de la voluntad ciudadana.

El cuarto elemento es la manera en que se conforman los órganos electorales. De la presencia exclusiva de los partidos pasamos a su eliminación total. Su reemplazo por personas supuestamente independientes desembocó en la peor experiencia desde el inicio de la democracia (solo comparable a la del tribunal que destituyó a 57 diputados). La elección que se está desarrollando seguramente será más aceptable que las anteriores, pero eso no asegura que las próximas también lo sean. Sin un sistema de controles cruzados será imposible contar con una autoridad responsable y confiable. Esta elección debería tomarse solo como un paso hacia una reforma electoral integral, que debe abarcar el conjunto del sistema o, por lo menos, sobre esos cuatro aspectos. (O)