Hasta el momento de escribir este artículo, en la mañana del viernes, el pedido de asilo de Rafael Correa en Bélgica era poco más que un rumor. Un diario de ese país difundió la noticia, pero no hubo confirmación oficial. Posiblemente aún no se ha concretado, pero el propio expresidente dejó entrever en varias ocasiones que podría adoptar esa decisión. Por tanto, se la puede considerar como una posibilidad y reflexionar sobre sus motivos y, más que nada, sobre las consecuencias que tendría para él mismo y para la política nacional. Incluso, es pertinente pensar en las repercusiones que tendría más allá de las fronteras ecuatorianas y belgas, ya que un paso de esa naturaleza involucraría indirectamente a otros países latinoamericanos y europeos.
Cabe comenzar por las consecuencias. La primera es que se le restringe el margen de acción, ya que las normas internacionales impiden que el asilado desarrolle actividades políticas. No hay duda de que es una disposición absurda, ya que equivale a mantener por lo menos una parte de las restricciones por las cuales se solicita el asilo, pero así está establecido. En consecuencia, si se lo conceden estaría obligado a respetar esas disposiciones, por lo menos mientras se encuentre en territorio del Reino de Bélgica. A su favor tendría la laxitud con que se cumple esta disposición y la que mostró el gobierno belga con Puigdemont, pero aun así es poco probable que sea tan permisivo como fue el suyo con Assange. En alguna medida se va a reducir la intensidad de su liderazgo a control remoto.
Esta limitación seguramente le llevará a buscar otros espacios fuera de Bélgica. De lo que se conoce, ya ha dado algunos pasos para establecer bases de operación en otros países, como España. Por tanto, a los pedidos que deberá hacer el Gobierno ecuatoriano al belga, para que se cumplan las normas internacionales, deberá añadir todas las acciones necesarias para evitar que la utilización de esos otros espacios afecte a las relaciones con los países en que se instalen los cuarteles generales. El caso de España puede ser muy delicado, ya que Correa cuenta allí con el apoyo incondicional de Podemos, que ejerce presión sobre el gobierno de Pedro Sánchez y puede incluirlo como pieza de negociación.
Sobre los motivos que lo habrían llevado a tomar la decisión, lo único que está claro es que esta es una manera de materializar su autodefinición de perseguido político. Pero, seguramente hay algo más que eso, ya que el costo es demasiado alto para el beneficio que le otorga el presentarse como víctima. Posiblemente la pista estaría en las evidencias en el juicio por el secuestro a Balda que, dicho sea de paso, pueden llevar a un conflicto con Colombia similar al de Angostura, pero en sentido contrario.
Finalmente, en el plano personal le debe resultar muy dolorosa esta situación, no solamente por todos los problemas que acarrea el asilo, sino por tener que hacerlo en una monarquía, un régimen político al que reiteradamente calificó como no democrático. (O)
