Es comprensible que el presidente Moreno exija respeto a Maduro por sus declaraciones sobre las decisiones judiciales en Ecuador. Concretamente la detención preventiva del expresidente Correa, ordenada por la Corte Nacional. Un presidente no debe manifestar injerencias en la administración de justicia de su país, menos en la de otro. Pero claro, Maduro es un dictador, cree que como él controla la justicia venezolana, también puede hacerlo acá. Así se explica el drama de la impunidad en Venezuela, que obliga a cambiar la postura internacional del Ecuador con el régimen de Maduro. Cambio que es imperativo, ante los informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH).

El pasado 22 de junio ese organismo publicó su último informe, en el que se reitera lo documentado en el de agosto del 2017, sobre la omisión de las autoridades venezolanas en responsabilizar a los autores de las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela (homicidios, desproporcionado uso de la fuerza represiva contra manifestantes opositores al Gobierno, malos tratos y torturas).

El reporte remarca las ejecuciones extrajudiciales acaecidas durante las protestas, pero también informa de otras ejecuciones perpetradas en presuntas operaciones de lucha contra el crimen, desde el 2015 y denominadas “Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)”. Ahí se denuncian 505 muertes ocurridas, dentro de un patrón de comportamiento de los agentes del Estado: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a “criminales”, sin mediar orden judicial; muerte de jóvenes con cierto perfil, en algunos casos ejecutadas en sus propios hogares; y, manipulación de vestigios en el lugar de los hechos, para simular enfrentamientos y justificar las muertes como el resultado del inevitable intercambio de disparos. Las OLP constituyeron un instrumento del régimen para presentar resultados de una supuesta reducción de la delincuencia.

La ACNUDH menciona como ejemplo de la impunidad en Venezuela la iniciativa de la ex fiscal general Ortega, para investigar a 357 agentes de las fuerzas de seguridad vinculados a homicidios en esos operativos; pues desde la remoción de la fiscal general en agosto del 2017, no hay informes sobre las investigaciones. Se señala que uno de los principales obstáculos a la divulgación ha sido el propio cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas (CICPC), encargado precisamente de las investigaciones “...y es a la vez el principal presunto responsable de la mayoría de las muertes”.

La Guardia Nacional Bolivariana bloquea las investigaciones y algunos agentes de las fuerzas de seguridad relacionados con las ejecuciones extrajudiciales fueron liberados por los jueces. Los responsables de los homicidios de al menos 46 manifestantes en las protestas del 2017 no han sido detenidos, aun cuando la anterior fiscal general había pedido 54 órdenes de arresto. Han desaparecido pruebas esenciales de los expedientes y los fiscales fueron reemplazados por otros que bloquearon las investigaciones.

El Estado de derecho está “prácticamente ausente en Venezuela” y hay “sólidas razones” para que intervenga la Corte Penal Internacional, ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. No existen salvaguardias ni equilibrios institucionales, ni el espacio democrático para que los venezolanos puedan luchar contra la impunidad. Menos para resolver sus problemas internos, como sugiere el presidente Moreno.(O)