Una vez más, con nuevos detalles, se ha discutido en el país la necesidad de poner en práctica un Plan Económico Integral anticrisis. Son claros los graves problemas que enfrenta la economía ecuatoriana en la coyuntura, lo que hace imperioso contar con un referente de ese tipo. Cabía, pues, procurar la redefinición de los objetivos-país (¿había?); precisar el alcance y viabilidad de los ajustes que serán puestos en práctica; definir las modalidades que asistan la disciplina de los agentes para alcanzarlos; eliminar prácticas corporativistas de cualquier tipo; favorecer la comprensión cabal de la nueva y compleja realidad mundial; prever los impactos que han de generar en el corto y mediano plazos; en fin, aplicar un conjunto de normas que apunten al ordenamiento general de la economía y sociedad, basado en metas altas, superiores, con un sector público respetable, de alta calidad profesional, encargado de su orientación.

Fundamentado todo, de partida, en ese principio que nos recordaba Camus respecto a que “si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”. No de otra forma, haciéndolo siempre, puede funcionar el orden social y económico, que exige transparencia para consolidar, también, una mejor equidad. Por derecho, no por caridad.

Frente a la necesidad de dicho Plan, que debería marcar el abandono de lo experimentado en el pasado, la Asamblea Nacional, a propuesta del Ejecutivo, ha aprobado una Ley de Fomento Productivo. Caben, al respecto, algunos comentarios.

La Ley aprobada puede considerarse solamente como un conjunto de disposiciones que el Gobierno Nacional estimó que favorecería el desempeño coyuntural de los agentes productivos e inversionistas. No es un Plan Económico Integral, que oponga las características de un nuevo modelo que aplicaría el Gobierno en el periodo 2018-2021, menos aún para el mediano y largo plazos.

En esa perspectiva, visto que el clima de inversión y el desempeño económico dependen de un plan económico debidamente formulado, difícilmente podría confirmarse en años venideros una recuperación significativa, sobre todo porque pesa aún, negativamente, el estilo de la conducción económica aplicada por el régimen anterior, incompatible con la lógica de las economías de mercado. El régimen pasado afectó de modo directo la gestión de los operadores privados, lo que exacerbó la confianza y deterioró las expectativas de los inversionistas. Recientemente, en sus proyecciones, el Banco Mundial lo ha ratificado.

Las economías de mercado funcionan sobre reglas transparentes y no puede haber, bajo ningún concepto, agentes reiteradamente privilegiados con exenciones de distinto tipo. Es el caso de la remisión tributaria aprobada en la Ley y de ciertas exoneraciones cuyo impacto no parece haber sido estudiado en detalle. Ética y mercado deben ser la base de cualquier estrategia.

La posibilidad de aplicar reglas fiscales sobre la Ley en ciernes deja advertir, asimismo, riesgos de caer en un escenario de “equivalencia ricardiana”: ante el primer desajuste que los inversionistas adviertan en términos de monto de deuda contratada (libre para los próximos tres años) y los flujos de caja para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, podrían redefinir sus expectativas y patrón de comportamiento, dando al traste con lo previsto. Tómese en cuenta que en estos próximos tres años habrá procesos electorales que siempre inducen comportamientos no deseables. Esto ¿determinó la “regla”?

En otros aspectos clave, sobre todo en el relativo al sector externo y política de atracción de inversiones, se peca de generalidad. La factibilidad de atraer capitales de riesgo en el corto plazo, dado que no hay definiciones explícitas sobre el modelo en años venideros, es aún incierta. Los inversionistas acogen propuestas siempre y cuando tengan aceptables niveles de certeza respecto de las reglas que normarían su desempeño. Sin esas directrices queda aún un largo camino por recorrer.

Nuevamente, el aprovechamiento de oportunidades comerciales está definitivamente asociado a la estabilidad de las economías y a la calidad de la proactividad que se requiere. ¿Se ha evaluado lo señalado? ¿Son presunciones solamente?

En fin, no hay en la Ley una perspectiva global e interrelacionada sectorialmente en términos del ajuste y de las metas enunciadas; faltan importantes precisiones (sobre el IESS, por ejemplo). Tampoco hay –lo hemos señalado varias veces– referencias de vinculación macro/microeconómica y daría la impresión de que por enfocarse los problemas de forma aislada y sus posibles soluciones, se haría más complicado conseguir los objetivos previstos: racionalización gradual del gasto público; reducción del tamaño del Estado; confianza empresarial y de los consumidores, trabajadores; dinamización del empleo; racionalización de la deuda pública sobre la base de un esquema de prioridades y no de enunciados-meta generales, entre otros.

La gerencia del Banco Central del Ecuador ha descartado de plano un posible acuerdo con el FMI: seguramente su criterio responde a las limitaciones de “gestión” de esa entidad, que impedirían modificar el discurso de los últimos años. El BCE fue entusiasta actor del modelo anterior y será ‘difícil’, seguramente, cambiar esa ‘perspectiva’, por otra, técnicamente definida, responsable con los intereses nacionales, que fundamente el diálogo franco con un multilateral que plantea las opciones de forma directa y sustentada.

El empresariado nacional debería, de su lado, comprometerse explícitamente con el proceso de ajuste y hacer cesiones simultáneas, pues en ocasiones da la impresión de que solamente tiene intereses puntuales. Todos los agentes, Estado, trabajadores y empresarios deben cumplir las funciones que les corresponde sin interferencias ni corporativismo. ¿Será posible, alguna vez?

Ecuador es una economía de mercado y la regulación y normatividad que demanda debe ser compatible y justa, favoreciendo el diseño de mecanismos por la equidad, lo que es posible. Otras opciones pueden llevar al fracaso. Que los tímidos vientos que parecen llegar, para todos, se consoliden. Que las cuentas pendientes se paguen y que el oportunismo desaparezca, en beneficio de la dignidad del país y de su gente. (O)