Como pretendía un personaje español de nefasta recordación, también el líder quiso dejar todo atado y bien atado. Pero, como sucedió con ese personaje, los nudos se deshicieron y las cuerdas se rompieron. La diferencia es que en aquella ocasión quienes se encargaron de desatar las amarras fueron los políticos, con acuerdos que poco antes eran impensables, mientras que acá son los fiscales y los jueces, también con acciones que casi nadie preveía. Los últimos hechos demuestran que fue un error creer que todo quedaba asegurado con solo dejar a los incondicionales en la cúpula del aparato judicial. No consideró que quienes se encargan de las acusaciones y de los juicios son personas de carne y hueso que sienten perfectamente la dirección del viento y que no van a sacrificar su carrera futura por obedecer a un burócrata pasajero.

En estos días estamos asistiendo a la parte más visible de ese cambio en los ámbitos judiciales, aunque en realidad comenzó antes. La destitución de los miembros del Consejo de la Judicatura es el hecho más notorio y seguramente el que va a profundizar la tendencia que comenzó a dibujarse con el enjuiciamiento al vicepresidente, continuó con la destitución del contralor y se engrosó con la del fiscal. Pero, más allá de esos cambios en las cúpulas, que son importantes y definitorios, lo que llama la atención es el papel que ha pasado a desempeñar lo judicial en esta etapa. No es exagerado decir que actualmente los tribunales inciden más en la política que la adormecida Asamblea.

Esto ha servido para que, desde las desorientadas filas correístas, se vuelva sobre el manoseado juego de palabras de la politización de la justicia y la judicialización de la política. El burro hablando de orejas, dice el dicho popular, pero no vale la pena quedarse en el recuento de todas sus metidas de mano en la justicia, hechas tanto antes como después de que el líder anunciara prepotentemente que la iba a meter. Más bien, cabe preguntarse por las causas que llevaron al cambio de la situación. La respuesta más certera se encuentra en el descubrimiento diario de uno o más eslabones de la cadena de corrupción montada a lo largo de diez años. Es imposible que eso no llegue a los juzgados y sería absurdo esperar que no se ventile, al mismo tiempo, ante la opinión pública. Son hechos que deben ser judicializados, como corresponde a cualquier delito, pero deben ser politizados, porque se cometieron en el ejercicio de cargos públicos y comprometen los recursos colectivos.

Hasta ahora hay un desequilibrio entre la justicia y la política, con predominio de la primera. Sin embargo, la muy probable imputación del líder (en el caso del secuestro) puede cambiar radicalmente no solamente ese desbalance, sino la política nacional en su totalidad. Si se lo sindica en un proceso, seguramente vendrán otros más, entre los que podrían incluirse delitos de lesa humanidad. Si eso ocurriera, más que el retorno de la política veríamos el inicio de la guerra. (O)