El mayor problema fiscal del Gobierno ecuatoriano es que gasta más de lo que le ingresa. Desde hace un poco más de un mes, en virtud de Acuerdo Ministerial 084 emitido por el Ministerio del Trabajo, las entidades del sector público no pueden llenar vacantes de asesores ni consejeros ni tampoco pueden crear nuevas partidas para asesores. Según el Acuerdo, sin embargo, sí se puede cambiar a los funcionarios públicos de Ministerio, Secretaría o Superintendencia. En términos nominales, a los contribuyentes nos da exactamente igual la ejecución de este acuerdo ministerial: seguimos pagando el sueldo de la misma persona para que sea asesor aquí o tesorero allá.

El término “burocracia” se refiere a la administración de instituciones públicas por profesionales guiados por reglas formales en lugar de elecciones discrecionales. Richard Posner, abogado y juez norteamericano, dice que uno de los problemas con la burocracia es la extraordinaria dificultad de despedir a los empleados con bajo rendimiento. Además de la tramitología para que un empleado público en riesgo de ser despedido sea finalmente dado de baja, dice Posner, a menudo estos profesionales buscarán hacer alianzas con ciertos gerentes influyentes para evitar perder su puesto de trabajo. Como resultado, es excesivamente difícil despedir a un trabajador de bajo rendimiento, y en su lugar la institución lo reubicará en un trabajo en el que su ineptitud no sea tan obvia y no haga tanto daño a la institución. Desgraciadamente, el Acuerdo Ministerial 084 solo legitima la profecía de Posner. Que el burócrata sea desplazado a otro puesto no significa que hará mejor su trabajo sino que hará menos daño, asegurando su salario.

Otro problema que diagnostica Posner es la tendencia de la burocracia a trabajar mejor solo cuando se trata de tareas relativamente fáciles, muy lejanas a la innovación, al riesgo y al emprendimiento. Esta es la fórmula burocrática característica de las instituciones públicas. Un ejemplo es la controversial #paquetasa. La aduana decidió recaudar un impuesto por hacer su trabajo, que es evitar el contrabando. Los burócratas detrás de este nuevo impuesto (tasa sería si se recibiera un servicio a cambio) pretendieron financiar las operaciones del Estado haciendo la tarea más fácil: recaudar. Innovar para velar por el comercio internacional era quizá pedir demasiado.

Finalmente, tenemos el problema de la eficiencia. Una organización normalmente es eficiente si logra prosperar en un sector competitivo, esto es, un sector con fácil entrada a organizaciones con nuevos y diferentes esquemas de operaciones, toma de decisiones, etc. Pero en el sector público la competencia no existe. La fuerza pública, por ejemplo, no enfrenta competencia, lo que significa que es difícil encontrar una manera de medir su grado de eficiencia.

La solución no es tan obvia porque la burocracia quizá sea ineficiente, pero es necesaria en proporciones adecuadas. Y es justamente reducir sus proporciones lo que hoy necesita el fisco. Este acuerdo ministerial tal vez detenga parcialmente el crecimiento de la burocracia pero no soluciona ni su innegable ineficiencia ni garantiza su obligatoria reducción.

Con esto dicho, resulta sorprendente que el proyecto de ley para el fomento productivo no incluya recortes concretos al gasto público. (O)