La gran contradicción del actual proyecto del Código de la Salud que se debate en la Asamblea Nacional radica en que mientras uno de los considerandos determina que el derecho a la salud debe ser concebido no como una mercancía sino como un derecho fundamental, su artículo 189 introduce la horrenda práctica de la subrogación “altruista” o “préstamo” gratuito del vientre, y prohíbe el pago por el alquiler del vientre materno, exceptuando los costos de la atención durante la gestación y el parto.

La aceptación en Ecuador de la “maternidad subrogada” con fines “altruistas”, únicamente perpetuará la idea en la sociedad de que los vientres de las mujeres, especialmente de las de escasos recursos, pueden usarse como un servicio. En países donde se ha normalizado esta práctica como Estados Unidos, México, Reino Unido, Tailandia, India..., se ha llegado a pactar por la gestación de un embrión en el vientre de una mujer, hasta $ 70 mil; sin mencionar la alarmante casuística por incumplimiento del contrato cometido por las parejas comitentes (las que solicitan dicho servicio), o por personas solteras que quieren tener un hijo; al haber rechazado el “objeto” del contrato, esto es, a los niños que nacieron con síndrome de Down, etcétera, o con un sexo distinto al establecido en las cláusulas contractuales. Obligando a la mujer que portó por nueve meses a la criatura, a abortar o a quedarse con ella. En el 2015 la Unión Europea condenó fuertemente la práctica de gestación por subrogación, por ser contraria a la dignidad humana, por tratarse de un contrato gratuito u oneroso basado en la explotación del cuerpo de la mujer que concibe niños como una mercancía. Mientras que en Ecuador, el 15 de marzo de 2017 fue recibido en la Asamblea Nacional el informe para el primer debate del Código Orgánico de Salud, que regula la reproducción asistida y los vientres de alquiler. Hoy, la Comisión de la Salud prepara el texto para el segundo y definitivo debate que sería en junio, según dijo el presidente de la Comisión, Dr. William Garzón, a Diario Expreso, en una entrevista el 30 de abril pasado. Exhortamos a los legisladores a que analicen el grave daño que ocasionarían aprobando esta normativa, convirtiendo nuestro país en un lugar para el “turismo” reproductivo, donde las mujeres podrán ceder su útero por nueve meses, para luego parir y renunciar a los derechos y obligaciones sobre la criatura, transfiriéndolo a una nueva pareja, por un “gracias”. (O)

Cristina Elizabeth Franco Cortázar, magíster en Derecho, Guayaquil